Las Provincias

Olivas y Cotino niegan que se uniesen para defraudar a Hacienda

José Luis Olivas, ayer, a la entrada del juzgado.
José Luis Olivas, ayer, a la entrada del juzgado. / EFE / Damián Torres
  • La mujer del expresidente de la Generalitat y de Bancaja admite que firmó un informe cinco años después de su fecha

El expresidente de Bancaja, exvicepresidente de Bankia y expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino negaron ayer haberse concertado para defraudar a Hacienda y defendieron la veracidad de una supuesta mediación empresarial que ejerció el primero. Ambos declararon como investigados, junto con la mujer de Olivas, Mercedes Álvarez, por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental en la vista que comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.

En su declaración, tanto Cotino -sobrino del ex director general de la Policía y exconseller del PP Juan Cotino- como Olivas defendieron que este medió en 2008 para la venta a Endesa, por 39,3 millones de euros, del 25 % que Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos (PEVSA). Esta operación se hizo de forma conjunta con otro 20 % del capital que Bancaja poseía en PEVSA, de modo que finalmente se vendió el 45 % de la entidad a Endesa.

Se da la circunstancia de que Endesa era la propietaria del 55 % restante y que, según relataron ambos procesados, no tenía interés inicial en hacerse con el total del capital, aunque finalmente lo adquirió ejerciendo un derecho de preferencia cuando Sedesa (Cotino) y Bancaja habían acordado la venta a Iberdrola gracias a la mediación de Olivas, entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola.

Olivas reconoció haber cobrado, por estas gestiones de mediación, 580.000 euros de Vicente Cotino. Esos honorarios, según Olivas, «fueron declarados». Para el fiscal, Cotino y Olivas actuaron de acuerdo «con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública», para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Sedesa como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol -propiedad de Olivas y su mujer-, en virtud de un asesoramiento ficticio.

Para ello, los acusados «crearon un documento que aparentaba ser una factura» firmada por Olivas, la única que emitió Imarol en 2008. En su defensa, Cotino alegó que su empresa pagó «más o menos 10 millones de euros a Hacienda tras esa operación, y que no tiene sentido haberse concertado con Olivas para desgravarse 150.000 euros» por esa supuesta asesoría que las acusaciones cuestionan.

Olivas, por su parte, insistió en que no tenía ningún vínculo laboral con Iberdrola ni tampoco tenía funciones ejecutivas en Bancaja (de donde cobraba, dijo, «sólo» 16.000 euros al año).

Mercedes Álvarez, la mujer de José Luis Olivas, que también declaró como investigada, confesó que firmó un informe para la Agencia Tributaria con una fecha falsa. Es decir, pese a que en el documento constaba la fecha del año 2008, ella lo firmó en 2013 a instancias de su pareja, para justificar unos trabajos, que ella desconocía.

Una declaración que, según Olivas, «no contradice nada» de lo que declaró él en el juicio.