Las Provincias

Reclaman paralizar los desalojos, ocupar inmuebles de bancos y alquileres sociales

  • Los afectados también piden ayudas para pagar la luz, el agua, el gas e internet y devolver la cantidad que deban en función de los ingresos

«Se tienen que parar los desahucios y garantizar una alternativa habitacional. Además, se tienen que establecer medidas para sacar a las familias de las deudas enormes que presentan después de perder su casa», Gloria Marín, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elche, explicaba así algunos de los puntos que el colectivo reclama que se incluyan en la nueva ley que prepara la Generalitat. Pero no son los únicos, los afectados destacan que «hay muchas viviendas propiedad los bancos y son imprescindibles para satisfacer la necesidad de vivienda». En esta línea, proponen que las administraciones intermedien con las entidades financieras para que se puedan realojar a los afectados en estos inmuebles a cambio de un alquiler social accesible para estas familias. También que se establezcan ayudas para pagar los servicios básicos (agua, luz, gas y hasta internet) y que la devolución de la deuda contraída con las entidades bancarias sea progresiva y en relación a los ingresos, entre otras cuestiones.

Sin embargo, según denuncian, la ley propuesta por el Consell «establece el derecho a la vivienda, pero de una manera muy restringida; hace falta una apuesta decidida y progresiva para que la ley genere un auténtico derecho subjetivo para la ciudadanía». Asimismo, tampoco «entra a resolver el problema del sobrendeudamiento de las familias, ni se defienden a través de una ley de consumo que tenga carácter básico y de especial protección a todas las unidades de convivencia con deudas».

También indican que la normativa propuesta «no define con claridad qué se entiende por alquiler social y emergencia habitacional; y sí apuesta por una parque público de viviendas, fundamental, pero establece algunos mecanismos que puede enriquecer aún más a la banca». Asimismo, el anteproyecto de ley «recoge aspectos importantes para acabar con la pobreza energética, pero se debe establecer sanciones a las empresas que no cumplan la ley y realizar convenios con las empresas suministradoras».