Las Provincias

Inculpan de nuevo a un segundo acusado de sobornar a Alperi

  • La Audiencia Provincial considera «prematuro» sacar del 'caso PGOU' a Pablo Rico, investigado por ayudar a Ortiz a entregar 174.000 euros al exalcalde del PP

Los dos acusados de colaborar con Enrique Ortiz para hacer llegar al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi 1740.000 euros vuelven al sumario del 'caso PGOU' como investigados. El instructor de esta pieza desgajada del 'Brugal' que afecta al urbanismo de la ciudad de Alicante en su conjunto sobreseyó en mayo de este año la causa para Santiago Bernáldez y Pablo Rico. Sobre el primero, un empleado del magnate del Grupo Cívica, la Audiencia Provincial ya resolvió a comienzos de semana que su archivo resultaba «prematuro».

Ayer mismo, la Sección Segunda se pronunció en los mismos términos sobre el segundo, un socio de seguridad Asegur SL, firma a la que se sospecha que llegó el dinero por trabajos que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consideran falsos. La Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento recurrieron la decisión del juez, a la que se adhirió Esquerra Unida del País Valencià, cuyos argumentos admite la Sala.

El magistrado de Instrucción 5 de la capital, Manrique Tejada, exculpó a los reos por considerar que los delitos de cohecho por los que se les acusaba han prescrito. Sin embargo, ahora la Sala alega los mismos argumentos que expuso para inculpar de nuevo a Bernáldez al dictaminar que la decisión del instructor es «prematura». El tribunal apunta en el auto notificado ayer a las partes, al que ha tenido acceso este diario, a que «en el momento actual» con la investigación en marcha, «resulta prematuro» el pronunciamiento sobre Pablo Rico.

El tribunal considera que el plazo de prescripción de cinco años podría ser de diez años debido a que Díaz Alperi está acusado por un delito de cohecho como responsable público con penas de hasta diez años entre rejas. Un delito extensible a los empresarios.

Ambos fueron detenidos por la UDEF de la Policía a finales del año pasado tras elaborar un informe que los implica por supuestamente haber colaborado con el empresario Enrique Ortiz, siendo el Bernáldez responsable de las constructoras de Ortiz. Según el escrito de los agentes, el dinero fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil, Asegur SL, por un trabajo que los investigadores consideran falso, y retirado posteriormente en efectivo por Rico.

En la operativa para hacer llegar el dinero al antiguo alcalde popular también habrían participado, según la investigación, el hermano de Enrique Ortiz, Virgilio. El informe policial sostiene que este último le pudo llevar el dinero al promotor a su yate. Además, se le atribuye la extracción, junto a Bernáldez, de otro montante de 150.000 euros que debían entregar a la mujer de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, para que le llegase a Alperi.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial allana el camino al instructor de los presuntos amaños del Ayuntamiento de Alicante para beneficiar a Ortiz con la reestructuración del suelo de la ciudad. Por lo que pronto podría mandar al banquillo de los acusados tanto al promotor como a los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y al resto de la docena de investigados.