Las Provincias

Andrés Llorens.
Andrés Llorens. / Alex Dominguez

Llorens confiaba en los técnicos para autorizar los pagos a Isjoma

  • El exvicealcalde de Alicante sostiene que la investigación judicial por sobrecostes de 841.000 euros en el contrato de montajes para eventos es un «asunto entre empresas»

El 'caso Isjoma', conocido también como la 'trama de las sillas', encaró ayer la última ronda de declaraciones para esclarecer los sobrecostes de más de 841.000 euros entre los años 2007 y 2009 que investiga la Fiscalía Anticorrupción en el contrato municipal para el montaje de eventos en la ciudad. Por el Palacio de Justicia de la capital desfilaron a primera hora de la mañana un técnico de Atención Urbana y el antiguo edil del área y exvicealcalde por el PP Andrés Llorens. Este se mostró tranquilo a la salida de su declaración ante el juez titular de Instrucción 8 de la capital, Ángel Manuel Villanueva, y el representante del fiscal, Felipe Briones, ya que, según dijo, confiaba «plenamente» en la actuación de los técnicos municipales.

«Siempre he actuado con honestidad», dijo a los periodistas que aguardaban al término de la comparecencia. Por ello, dijo no sentirse preocupado «en absoluto» por el hecho de estar investigado por otro presunto caso de corrupción de las últimas etapas del PP al frente del Ayuntamiento de Alicante. «Esto es un problema entre empresas», por lo que «espero se solucione pronto y bien».

El magistrado lo citó como investigado por delitos de prevaricación y fraude contra la Administración en abril pasado y su declaración a cuenta de una adjudicación pública de casi 5 millones de euros estaba prevista el mes de junio. Sin embargo, un cambio de letrado, cuya defensa ejerce ahora Fernando Candela, motivó la suspensión de la vista hasta ayer.

Así, hasta ahora, han comparecido como sospechosos el antiguo jefe de Atención Urbana, Víctor López, y el responsable de la firma en el ojo del huracán (Isjoma SL), Isidro García. En abril se les unieron dos políticos del PP, Llorens y Juan Zaragoza, ya que formaron parte de las mesas de contratación que en 2009 y 2003, respectivamente, resolvieron a favor de licitar el montaje de infraestructuras para actividades festivas y culturales de la ciudad.

La denuncia de una empresa de la competencia, Montajes Alavés SL, significó el punto de partida para que Anticorrupción abriese diligencias en 2009 y el juzgado iniciase la investigación del sumario. Llorens llegó pronto al Palacio de Justicia aunque sin tiempo para detenerse por el chaparrón que en esos momentos caía, en torno a las nueve y media de la mañana. Una hora y media más tarde accedía a la sala de vistas para «responder a todas las preguntas» del magistrado y el fiscal Anticorrupción a fin de «arrojar luz».

Antes que él, compareció uno de los técnicos investigados, quien explicó que la sustracción de sillas de la Explanada de España obligaba a reponerlas muy a menudo, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas. De hecho, la cantidad de robos resultaba apabullante, con unas 800 sillas desaparecidas cada año, como manifestó al instructor.

Entretanto, los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial ultiman un informe patrimonial que podría dilucidar si hubo un enriquecimiento desmedido por parte los primeros investigados, López y García. Cuando se iniciaron las pesquisas, los agentes emitieron un documento en el que se alcanzaban pocas conclusiones aclaratorias, ya que se les autorizó a indagar solo en las cuentas de los reos durante el año 2009.

Ahora, la UDEF mira con lupa los movimientos bancarios y las posesiones desde el ejercicio 2003. La llegada de un nuevo instructor al juzgado ha supuesto un espaldarazo para el sumario, ya que pronto ordenó la ampliación de informes y la declaración de cinco personas, entre imputados y testigos.

Junto a ese informe, el instructor acordó en abril de este año la práctica de otros ocho. Por ello, reclamó al Ayuntamiento para que «a la mayor brevedad posible» aportase los expedientes de todos los pagos a Isjoma SL desde enero de 2003 a diciembre de 2006, «tanto con cargo al contrato de infraestructuras para actividades festivas y culturales de la ciudad de Alicante de 2003, como por cualquier otro suministro, trabajo, servicio o contraprestación extraordinaria», como detalla el magistrado en su auto.

De forma paralela, el instructor abrió una pieza separada que deja a la primera Feria Outlet bajo sospecha. El antiguo concejal de Comercio, Antonio Sobrino, se pronunció de forma similar a Llorens, ya que también dio total confianza a los técnicos.