Las Provincias

Santiago Bernáldez y su abogado, en una iamegn de archivo.
Santiago Bernáldez y su abogado, en una iamegn de archivo. / J. P. R.

Revocan el archivo de la causa contra un acusado de llevar dinero de Ortiz a Alperi

  • La Audiencia considera prematuro declarar prescrito el cohecho respecto al empleado del constructor decretado por el juez del 'PGOU'

El posible pago fraudulento del bungaló de la hija de Luis Díaz Alperi, la diputada popular Elisa Díaz, deberá permanecer en el sumario por las irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Audiencia Provincial de Alicante ha revocado el sobreseimiento de la causa a uno de los empleados de Enrique Ortiz acusados de mover maletines con sobornos de hasta 174.000 euros destinados presuntamente al bolsillo del exalcalde de Alicante por el PP.

El instructor de la pieza del 'caso Brugal' que afecta al urbanismo de la capital decretó en mayo el archivo de la causa por considerar que el delito de cohecho habría prescrito para el reo Santiago Bernáldez, una decisión que ahora el tribunal provincial considera «prematura».

La Sección Segunda admite el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión. El titular de Instrucción 5 de la capital, Manrique Tejada, exculpó tanto al empleado de Ortiz como a Pablo Rico, apoderado de una de las firmas de seguridad de las que pudo salir el dinero, alegando que habían transcurrido cinco años desde que ocurrieron los hechos, en octubre de 2008, hasta que fueron imputados ya en febrero de 2015.

Sin embargo, la Audiencia, que todavía no se ha pronunciado con respecto a Rico, es partidaria de determinar en un momento procesal posterior si los hechos han prescrito, según indicaron las fuentes jurídicas consultadas por este diario. La Sala apunta a que el plazo de prescripción podría ser superior, de diez años en lugar de cinco. El tribunal sostiene que Díaz Alperi está acusado por un delito de cohecho como responsable público con penas de hasta diez años entre rejas. El delito, según los magistrados, es extensible a Bernáldez en lugar de un cohecho perpetrado por un particular, cuyo castigo es menor.

Ambos fueron detenidos por la UDEF de la Policía tras apuntar a que tanto Rico como Bernáldez podían haber colaborado con el empresario, siendo el segundo responsable de las constructoras de Ortiz. Según el informe policial, el dinero fue remitido desde la cuenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras del hospital del Vinalopó, en la que participaba Ortiz, a otra mercantil por un trabajo que los investigadores consideran falso, y retirado posteriormente en efectivo por Rico.

Bernáldez, defendido por Ignacio Gally, y Rico declararon en febrero del año pasado para negar que el sospechoso cobro de un pagaré de la UTE del hospital a favor de Asegur tuviera como fin liquidar la hipoteca de la diputada del PP Elisa Díaz, sin que esta lo supiese.

Una vez el órgano provincial resuelva el recurso con respecto al otro investigado, las diligencias quedarían cerradas y listas para que el instructor deje, en caso de acordarlo así, a un paso del banquillo de los acusados a la ex alcaldesa Sonia Castedo y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, entre otros.