Las Provincias

Una constructora alicantina está acusada de financiar al PPCV

Hormigones Martínez, una de las constructoras que consiguió hacerse con una concesión de las obras de la alta velocidad entre Crevillente y Murcia, aparece implicada en el sumario del 'caso Gürtel' por la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. La firma Hormigones Martínez es propiedad de los hermanos alicantinos Tomás y Rafael Martínez Berna, este último expresidente de la patronal Coepa.

Aunque Rafael y Tomás Martínez han venido negando los cargos que se le imputan, informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sostiene que aportaron supuestamente 200.000 euros a la campaña de Francisco Camps en los comicios autonómicos de 2007, que el PP ganó con mayoría absoluta. Las entregas habrían sido realizadas a través de la sociedad matriz del grupo empresarial -Grupo Vallalba- y dos de sus filiales: la mencionada Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste, mediante entregas a la firma Orange Market de Francisco Correa y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rafael y Tomás Martínez de un delito de falsedad documental, por el que les pide tres años de prisión y una multa de 960 euros, y también de tres delitos electorales, por los que les reclama otros tres años de cárcel y 3.900 euros de multa.

Hormigones Martínez resultó adjudicataria, junto a Dragados y Tecsa, de las obras de la alta velocidad en el tramo San Isidro de Albatera-Orihuela, de 9,5 kilómetros de longitud. Se trata de uno de los cuatro contratos que están siendo investigadores desde un juzgado de Murcia por un presunto fraude multimillonario, que se habría cometido inflando trabajos para la reposición de infraestructuras hidráulicas.