Las Provincias

13.000 dependientes de la Comunitat, sin ayudas por falta de personal para informatizar las solicitudes

Usuarios en silla de ruedas en el pasillo de una residencia para personas en situación de dependencia. :: j.monzo
Usuarios en silla de ruedas en el pasillo de una residencia para personas en situación de dependencia. :: j.monzo
  • La Federación de Servicios de UGT critica que la cifra casi se duplica en medio año tras la finalización del contrato de 40 empleados en abril

Completar un trámite informático separa a 13.000 dependientes de la Comunitat de recibir sus ayudas por falta de personal que realice esta gestión. Eso es lo que han denunciado desde la Federación de Servicios Públicos de UGT, que alertan que en sólo medio año -desde abril hasta ahora- la cifra de personas a la espera de que se formalice ese trámite «casi se ha duplicado» al sumar entonces, en el mes de abril, 'sólo' 6.000.

La razón, según denuncian desde el sindicato, responde a «la finalización» del contrato de 40 trabajadores el pasado 30 de abril. Estos trabajadores se encontraban además, y presuntamente, en situación de «cesión ilegal» por encomiendas al «trabajar para la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el área de dependencia, pero siendo contratados por el IVAS», el Instituto Valenciano de Acción Social. Al conocer la noticia de finalización de contrato, el propio sindicato ya aseguró el pasado mes de abril que los trabajadores afectados «han ayudado a que las solicitudes de dependencia y las valoraciones de discapacidad se redujeran en valores considerables». De hecho, «recibieron la felicitación expresa de la Dirección General de Dependencia».

Por eso, la formación sindical ya avanzó hace medio año que «los expedientes que todavía están pendientes van a sufrir una nueva paralización y aumentará el retraso en las resoluciones», colapso que parece confirmarse, según UGT, tras haber denunciado la acumulación de 13.000 expedientes de dependencia pendientes de «informatizar para que se les reconozca oficialmente el grado de valoración».

Con el objetivo de evitar esa situación, la Federación de Servicios de UGT ha señalado que el sindicato propuso a la Conselleria apostar por «un periodo de transición» en el que los cuarenta empleados del IVAS no dejaran de trabajar «de un día para otro» al finalizar el mes de abril, sino que enseñaran a «otros nuevos empleados» y facilitaran la familiarización con el trabajo. En definitiva, la propuesta pretendía que no se ralentizaran los trámites informáticos. «Sin el periodo de transición que pedíamos, la gente nueva que entró y que al empezar tenía que aprender provocó retrasos. Si no se hubieran acabado los contratos no se habrían acumulado tantos expedientes», aseguran en UGT.

Cesión ilegal

Los cuarenta trabajadores del IVAS que realizaban presuntamente tareas para Conselleria permanecían en una situación de «cesión ilegal» denunciada por el sindicato. Pero la finalización de los contratos por encomienda el pasado mes de abril exasperó a los empleados, que han tratado de «negociar la situación» ante las circunstancias «fraudulentas» vividas durante años. Por eso, el sindicato reclama que «una de las dos empresas, en este caso, el Instituto Valenciano de Acción Social y la Conselleria, tienen que hacer indefinidos a algunos trabajadores», explicaron.

El pasado mes de abril, la Federación de Servicios Públicos de UGT llegó a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por esa «cesión ilegal de 40 trabajadores», ya que el IVAS «solo contrataba y pagaba las nominas», pero las órdenes de trabajo a los empleados «las daban las direcciones generales de la Conselleria».

Por su parte, y según UGT, los trabajadores del área de dependencia afectados también se sumaron a las quejas y presentaron reclamaciones individuales a Igualdad. Al margen de estos empleados cuyos contratos concluyeron el 30 de abril, UGT señaló que «aún hay 40 trabajadores más que siguen en situación de cesión ilegal».

En la Comunitat, y según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (agosto), hay una lista de espera de 36.580 dependientes, cifra que aglutina la diferencia entre el número de solicitudes de personas que aspiran a entrar al sistema y los dictámenes realizados, así como también la diferencia entre el número de personas con derecho a prestaciones y los beneficiarios que realmente las perciben.