Las Provincias

Al banquillo por no auxiliar a la Justicia

Expedientes amontonados en un juzgado.
Expedientes amontonados en un juzgado. / L. V.
  • Piden multar a la secretaria del juzgado de Paz de Agres por, estando de huelga, desatender la petición de un juez de Alcoy

La huelga de los secretarios de los juzgados de Paz por los impagos del Consell llega a los juzgados de lo Penal de la provincia. Los órganos judiciales de los municipios sin juzgado de Primera Instancia del partido judicial de Alcoy mantuvieron en el año 2010 un pulso con la Generalitat por las deudas contraídas de hasta quince meses. Por ello, declararon un paro indefinido desde el 15 de junio de hace seis años. Una situación que puso de manifiesto la precariedad con la que se mantienen los municipios de menor tamaño a nivel judicial. Además, pese a que la huelga era conocida por la Administración pública, el juez decano de Alcoy o la Fiscalía Provincial, ha derivado en procesos penales contra varios de los manifestantes.

Como muestra, el caso de la secretaria de Agres, para quien el Ministerio Público reclama una pena de multa de 900 euros por un delito de denegación de auxilio a la Justicia. Pocos son los que en el Palacio de Justicia de Alicante recuerdan haber celebrado un juicio para dirimir un delito del artículo 410.1 del Código Penal.

No obstante, ella no es la única, ya que el goteo de causas similares está por llegar a los juzgados de la capital ante la posición beligerante del grupo de pueblos de la montaña alicantina. Además, la sobrecarga de los juzgados penales de Alicante retrasará todavía más de un año la celebración del juicio por estos hechos.

El crimen de la responsable judicial, negarse a atender un exhorto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcoy. El titular requería a un vecino para que presentara una factura o presupuesto por la reparación de unos daños en su vehículo.

La autoridad judicial del municipio alicantino de menos de 600 habitantes devolvió el requerimiento. La juez de Paz detalló los motivos: «el secretario de este juzgado se encuentra en situación de huelga», decía el escrito remitido, «como protesta ante la actitud y dejadez de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas».

Pese a ello, Instrucción 2 de Alcoy derivó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que iniciase el pertinente expediente gubernativo, ya que tuvo que oficiar a la Guardia Civil de Muro de Alcoy para que requiriese al vecino de Agres. No obstante, el recorrido del procedimiento resultó muy corto, ya que la Secretaria de Gobierno del Alto Tribunal valenciano informó de su incompetencia para decidir sobre el asunto.

Pero dejó en manos de la Fiscalía el iniciar cuantas actuaciones penales fuesen oportunas, según recoge el escrito. La mitad de los 27 juzgados de Paz que se encuentra en el partido judicial de Alcoy (Agres, Benimarfull, Alcocer de Planes, Benimassot, Almudaina, Benillup, Alcoleja, Benifallim, Benasali, Alquería de Aznar, Gaianes, Beniarrés y Alfafara) secundaron la huelga por las deudas de la Conselleria de Justicia. Todo ello, pese a que el salario de los secretarios resulta casi simbólico, ya que las cantidades abonadas rondan los 900 euros anuales por desempeñar el cargo.

De hecho, los responsables del órgano judicial de las poblaciones con menos de 7.000 habitantes carecen de formación específica, ya que se designan desde los ayuntamientos. Así, la procesada detalló que jamás había recibido formación al respecto, tal y como obra en el sumario de la causa. La mujer defiende que ejercía su derecho a huelga y que, por ello, devolvió el exhorto al juzgado que lo emitió.

«Grave quebranto»

El entonces fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, se encargó de iniciar las diligencias contra la secretaria por su actuación en el año 2013 y, ahora, el asunto ha recalado en un juzgado de lo Penal de Alicante para su enjuiciamiento. Ahora, el responsable del Ministerio Público acusa a la procesada de, con su actuación, causar «un perjuicio para la Administración de Justicia» además e «un grave quebranto para la adecuada tramitación de la causa».

Los juzgados de Paz tan solo atendían las funciones propias del Registro Civil, cuya actividad no se vio alterada por la huelga declarada en junio de 2010. El escrito con los secretarios firmantes del mismo se remitió a la consellera de Justicia, al president de la Generalitat, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y al presidente del Consejo General del Poder Judicial.

En el documento, los secretarios aludían al cumplimiento de la administración de la Ley de Presupuestos del Estado del año 2007. En una de las disposiciones se especificaba la modificación de los módulos de compensación económica por la actuación de jueces y secretarios de Paz.