Las Provincias

La juez descubre otra trama de amaño de contratos en la Conselleria de Blasco

El exconseller Blasco, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia.
El exconseller Blasco, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia. / J. Signes
  • Una empresa de informática subcontrataba los trabajos a Tauroni incluso antes de resultar elegida

De nuevo, la misma mecánica y con los mismos protagonistas. El equipo directivo de la Conselleria de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco, y las empresas en la órbita del empresario y amigo del entonces conseller, Augusto César Tauroni. La juez ha descubierto un nuevo caso de corrupción, basado en el supuesto amaño de contratos informáticos. El método se resume de la siguiente forma. Se presentaba y ganaba siempre la firma Fujitsu. Pero esta mercantil incluso antes de resultar elegida había firmado un contrato con Dinamiz-e, sociedad tutelada por un testaferro de Tauroni. En realidad, eran estos quienes efectuaban todo el trabajo. Y la ley prohíbe subcontratar más del 50 por ciento del importe de la adjudicación.

La titular del juzgado de Instrucción 21 ha enviado toda la documentación al decanato de los juzgados para que envía este asunto a otro juzgado. Considera que los hechos no tienen una relación directa con el resto de piezas que ya instruye ella: pequeñas subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití. No terminan ahí los asuntos que complican el horizonte judicial de los investigados. Otro juez investiga también la adjudicación del sistema Abucasis en Sanidad.

La investigación no es ni mucho menos reciente. El germen del caso parte de los correos y documentación requisada en los registros domiciliarios de febrero de 2012. Ahora, no obstante, es cuando las sospechas se han convertido en indicios. El auto de la magistrada enumera los contratos bajo investigación. Se trata del portal del ciudadano, de herramientas de participación ciudadana, integración de una base de datos, el control telemático de las escuelas de acogida, suministro de software de gestión, entre otros. La resolución judicial apunta a que la empresa Fujitsu recibía una compensación económica por presentarse a estos concursos. Alrededor del 7% del importe total, según la juez. En realidad, cobraban por horas que supuestamente había completado su plantilla cuando, en realidad, eran las empresas de Tauroni las que efectuaban la tarea íntegra.

La mecánica se sucede a lo largo de los contratos examinados desde 2008 a 2011, la etapa de Blasco en la Conselleria de Solidaridad tras su paso por la de Sanidad. La empresa Dinamiz-e es propiedad de Tauroni, aunque es Adolfo Soler, el testaferro del empresario, la cara visible de la sociedad.

Existen otros servicios en los que la mercantil beneficiada se sustituye por la firma Comteldat. De igual modo, el trabajo termina en manos de la empresa de Tauroni. Llama poderosamente la atención la empresa Orion, que también se presenta al concurso. La firma pertenecía a Luis Mira quien a su vez era el responsable comercial de la firma de Tauroni. Por si esto no fuera suficiente, además, había trabajado para la otro empresa invitada (Ibermática), según constaba en su curriculum vitae. Todo lleva a inferir, según la juez, que ab initio ya estaba decidida la beneficiaria.

La Seguridad Social embargó la mercantil Dinamiz-e. Tauroni constituye entonces la firma S&C para esquivar las restricciones de Hacienda. Es esa la sociedad, a nombre de otros dos testaferros, que utiliza para beneficiarse de otro contrato. De nuevo, supuestamente para simular una apariencia de publicidad y libre concurrrencia, confluyen en el proceso Fujitsu, Ibermática y Orion.

Los correos electrónicos -como en general en toda la causa- han sido parte importante para apuntalar las pesquisas. La juez cita varios de los extractos recopilados por la Policía. En uno, un empleado informa a Tauroni de un contrato: «No se hizo con Fujitsu porque no parecía conveniente que se llevaran todo». Sorprende que se diga, además, a qué empresas invitar cuando eso es competencia de la Administración. En otro correo se habla de que parece «peligroso» firmar el contrato después de las elecciones. Esto, según la juez, evidencia la estrecha relación entre el equipo de la conselleria y Tauroni.

Los correos también muestran un alto grado de participación de Juan Juliá, el comercial de la empresa Fujitsu y su supuesto conocimiento de los tejemanejes de Tauroni. La trama se refiere a él como el «Horchatero». La denominación está relacionada con la sede de la empresa, en la avenida Alfahuir de Valencia, que llega hasta Alboraia. «Muéveme al horchatero que es urgente», ordena en un correo el empresario ahora en prisión a uno de sus empleados.

Más documentación prueba el estrecho vínculo del comercial de la multinacional. «El horchato me ha dado siete documentos que hay que analizar, leer, pero están bien elaborados». Esto está relacionado con otro correo en el que Tauroni envía a Marc Llinares, alto cargo de la Conselleria, en la que le indica el pliego de condiciones de algunos contratos. Por aquel entonces, la red pretendía constituir una nueva empresa, denominada General Contact Services.

La abundante documentación salpica también al jefe de Informática de la Conselleria, Javier Murcia. Tauroni y Mira hablan en repetidas ocasiones acerca de las reuniones con Murcia «respecto a los contratos que iban a adjudicarse de manera inminente. «Tengo reunión con J el martes a primera hora, quedamos el lunes y me das los items», le piden al empresario amigo de Blasco. Mñas comprometedor resulta este: «Tengo reunión con Mr J el viernes a las diez para empujar el último. Si te viene bien, haz una recolecta y nos vemos a las once por la zona». No pasa por alto la juez el término empleado en el correo, «recolecta», porque apunta al posible pago de dinero a cambio de que el responsable de la Conselleria diera el visto bueno a las adjudicaciones.

Los emalis muestran a su vez el conocimiento de los amaños que tenían tanto Llinares como la mano derecha de Blasco en la Conselleria, Tina Sanjuán. Sanjuán solicitó hace unos meses acudir al juzgado a declarar. Pidió perdón, pero sin reconocer las irregularidades. Cumple condena en Picassent por la primera pieza del caso.

La investigación apunta a que los contratos firmados en 2011, en realidad, no respondían al objeto que marcaban. Más bien el dinero era para mantener «otros servicios», además de abonar el sueldo a dos administrativas de la Conselleria a las que se menciona «como las enchufadas de la Conselleria», simpre según el auto de la juez.

Rafael Blasco, Tina Sanjuán y el empresario Tauroni se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Picassent. Esta nueva investigación, en la que todos ellos, además de Llinares, pueden verse implicados, dificultarán cualquier posibilidad de acuerdo con las acusaciones en el resto de piezas. El acuerdo -bloqueado por las ONG- consistía en que los principales acusados aceptaran cerca de tres años de prisión y el pago de la responsabilidad civil.