Las Provincias

Usuarios en una residencia, en una imagen de archivo. :: tino calvo
Usuarios en una residencia, en una imagen de archivo. :: tino calvo

La Generalitat derivará a dependientes a residencias privadas pese a criticarlo

  • La conselleria ultima el concurso para contratar 3.300 plazas y negocia con la patronal para atender a aquellos sin un centro cerca de su casa

La Conselleria de Igualdad está ultimando un concurso público para adjudicar unas 3.300 plazas en residencias privadas para personas mayores y dependientes, un proceso que, según fuentes sindicales y de la propia patronal, se pondrá en marcha durante este mes o a principios de noviembre pese a que la secretaria autonómica Sandra Casas anunciara la medida hace ya seis meses. Además, la conselleria está en conversaciones con los representantes de estas empresas para que aquellos usuarios que, por lejanía a su domicilio o por necesidades especiales no cuenten con un centro adecuado, pueda recibir una ayuda económica para contratar una plaza en una residencia que se ajuste a su perfil. De este forma, y pese a las duras críticas vertidas por el actual Gobierno autonómico al modelo de concesión (especialmente educativa y sanitaria), la Generalitat vuelve a apostar por el sector privado para completar la oferta de residencias públicas actuales. Este cambio de posicionamiento ya lo ejemplificó la conselleria cuando realojó al anciano atado y caído en el suelo por falta de asistencia del geriátrico de Carlet (público y dependiente directamente del Consell) a otro de gestión privada.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro, aclaró que se trata de dos procesos distintos. Por un lado, un concurso público en el que las empresas interesadas ofertarán, cada una de ellas, un número determinado de plazas a un precio. Será la conselleria, en función de unas condiciones, la que determine a qué empresas se adjudica el servicio. Por otro, añadió Toro, se encuentra el proyecto de dar servicio a aquellos usuarios que por su situación particular no cuentan con un centro próximo que pueda atender a sus necesidades. En este caso, se establece la posibilidad de que la Generalitat les conceda una ayuda económica para que acuda a la residencia que sea más adecuada para ese usuario. Sin embargo, en esta segunda opción, «no hay ninguna negociación en la que se esté valorando el precio ni nada de carácter económico». El portavoz de Aerte cree muy difícil que se pueda establecer un precio de referencia para estas plazas ya que existen muchas diferencias entre unas y otras (habitaciones dobles o sencillas, grado de dependencia, etc.), por lo que dirimir la cuantía de la ayuda se antoja complicado para la Generalitat.

Ampliar plantillas

Sobre este último punto, el sindicato CSI-F preguntará al Consell en la próxima mesa sectorial del 19 de octubre sobre el contenido del proyecto, pero califican de «prioritario» que el dinero público se emplee en «ampliar las infraestructuras y plantillas actuales de las residencias públicas».

En esta línea, el presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat (Cocemfe-CV), Javier Segura, pidió prudencia y destacó que sería necesario analizar la situación de cada uno de los futuros usuarios ya que «no todos los dependientes son mayores ni requieren la misma atención, por lo que podríamos correr el riesgo de meter a una persona con una discapacidad específica en un lugar que no sea el adecuado», agregó.

Asimismo, Segura reclamó que se recuperen «las obras paradas y se pongan en marcha». Explicó que existe un grupo de centros «terminados que no se han abierto por falta de personal y porque se hicieron sin tener en cuenta las necesidades reales de la población». Por ello, el presidente de Cocemfe-CV opina que «hay que sentarse y hacer un estudio de lo que tenemos».