Las Provincias

Profesores de la concertada cargan contra Educación por generar «incertidumbre»

Concentración multitudinaria en Alicante en defensa de los colegios concertados celebrada el pasado mayo. :: álex domínguez
Concentración multitudinaria en Alicante en defensa de los colegios concertados celebrada el pasado mayo. :: álex domínguez
  • Tres mil profesionales dan clases en Bachillerato y FP, las dos etapas que la conselleria prevé suprimir mientras haya espacio en la red pública

El anuncio de la conselleria de eliminar los conciertos de Bachillerato y FP mientras haya espacio en la red pública provocó ayer la reacción de los representantes del profesorado. Por ejemplo, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de la Comunitat (Fsie-cv), organización mayoritaria en los colegios sostenidos vía concierto, denunció el «malestar generado en centros y profesionales ante las desafortunadas declaraciones públicas», en referencia a la idea trasladada a la patronal Escuelas Católicas el pasado martes.

El sindicato pidió que se dejen de lado los «debates estériles» sobre lo público y lo privado y reclamó que se traslade la cuestión a los foros de negociación con el objetivo de «alcanzar soluciones consensuadas que pongan fin a una indeseable incertidumbre e inmerecida desazón entre los profesionales». Eso sí, dejó muy claro su rechazo a la idea de subsidiariedad que defiende Educación. En el comunicado remitido ayer defendió el derecho a la libertad de enseñanza que se desprende de la Constitución y destacó la importancia de que exista «pluralidad de proyectos educativos».

Por último, puso el acento en que la demanda de las familias, «que de forma consolidada y creciente en los últimos años siguen optando de forma importante por centros concertados en estos niveles», debe ser el principal criterio a la hora de abordar la planificación educativa de las plazas. También señaló que en la actualidad hay alrededor de 3.000 docentes dando clase en las etapas que se han puesto en cuestión. Para Fsie, su «contribución social no merece ser desprestigiada ni su estabilidad laboral puesta en entredicho por intereses políticos o partidistas, por muy legítimos que sean».

También se pronunció la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, que cuenta con una sección sindical de educación privada. Se lamentó que la información haya trascendido tras una reunión patronal, por lo que se va a solicitar la convocatoria de una mesa sectorial de negociación, y se alertó de algunas de las consecuencias de la supresión. Por ejemplo, el sindicato informó de que si las escuelas afectadas decidieran mantener las unidades en régimen privado podría suponer a los docentes «una pérdida salarial de más de 360 euros mensuales, además de aumentar la vulnerabilidad y precariedad respecto a la continuidad en sus puestos de trabajo».

Para CC. OO. PV debe facilitarse la participación de los sindicatos «en el establecimiento de criterios para el mantenimiento o no de los conciertos en base a la elaboración de un mapa escolar que permita la optimización de los recursos públicos en materia de educación». Además, se reclamaron «medidas que salvaguarden todos los derechos de los trabajadores del sector, tanto económicas como de estabilidad».

El conseller Vicent Marzà también se pronunció por primera vez tras la reunión con la patronal. Tal y como recogió Europa Press, defendió que la concertación del Bachillerato es «una anomalía» en España -en la Comunitat se permite de manera generalizada desde 2004- y destacó que el criterio que seguirá su departamento se basará en «lo que dice la propia ley» y lo que figura en los programas electorales del PSPV y Compromís, lo que pasa por concertar donde no llegue la red pública, especialmente en las etapas postobligatorias. Además, añadió que la reunión con Escuelas Católicas fue «muy cordial» y que se trataron otros temas como Xarxallibres o la bajada de las ratios.

También consideró que el ajuste de los conciertos «normalizaría la situación» de la Comunitat y recordó que «más allá de que -la patronal- esté de acuerdo o no», se les pidió que aportaran propuestas para «ver si hay algunos de sus criterios que pueden ser asumidos».

Por otro lado, en Alicante se celebró una reunión entre patronales, sindicatos y representantes de Ampas de cara a organizar futuras movilizaciones. Julia Llopis, presidenta de Concapa en la provincia, destacó que se han dado un mes para plantear iniciativas y para «hacer pedagogía» en los colegios respecto a las consecuencias de la eliminación, «desde el coste económico que supondría a las familias hasta dónde tendrían que ir los alumnos», en referencia a los institutos con plazas libres. «Saldremos a la calle, no nos vamos a quedar parados», sentenció. La idea es pactar las medidas con el resto de agentes implicados.