Las Provincias

Investigan por prevaricación al vicealcalde de Alicante

Bazar para el que se pidió la licencia denegada, cuando aún estaba en obras.
Bazar para el que se pidió la licencia denegada, cuando aún estaba en obras. / LV
  • Acusan a Pavón de haber ocultado un informe del departamento jurídico para denegar la licencia de ocupación a un bazar de la playa de San Juan

El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha admitido a trámite una querella contra el vicealcalde y concejal de Urbanismo de Alicante, Miguel Ángel Pavón, por un presunto delito de prevaricación. El caso parte de la denegación, por parte de Pavón, de la licencia de primera ocupación para la apertura de un bazar en la playa de San Juan, en el edificio Torre Don Juan. Los promotores acusan al vicealcalde de haber «ocultado conscientemente» un informe de la jefa del departamento jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento que era favorable a dicha concesión.

Los promotores pidieron la licencia de primera ocupación en mayo de 2015, tras más de 10 años de batallas administrativas y judiciales con el Ayuntamiento y los vecinos, que les obligaron a demoler parte de la edificación.

El concejal les denegó la licencia basándose en el informe de una técnico que «las obras realizadas no se ajustan a la licencia concedida, ni son legalizables», según explicaba ayer el propio edil.

Ante esta denegación, los promotores presentaron un recurso de reposición, en el que justificaban, explicaba ayer uno de ellos, José Blanco, que «el informe técnico, elaborado por una aparejadora sin competencia suficiente, estaba plagado de falsedades» y, por tanto, reclamaban que se les concediese la licencia.

El recurso derivó en un informe de la jefa del departamento jurídico de diciembre de 2015 que, según defienden los promotores, les da la razón y pide que se conceda la licencia. Un informe que presenta a Pavón para que lo firme pero éste no lo hace.

«Lo guarda en un cajón y empieza a pedir otros informes que le den la razón en la denegación de la licencia, pero no los obtiene, así que no resuelve el recurso», expone Blanco.

Dado que el recurso se da por desestimado si no se resuelve, los promotores acuden a la siguiente instancia, que es la presentación de un recurso contencioso administrativo.

Es en el marco de este contencioso que el juzgado correspondiente reclama al Ayuntamiento todo el expediente y en él aparece el informe de la jefa del departamento jurídico que, presuntamente, se había ocultado. Al conocer los promotores estos hechos, deciden presentar también una querella por prevaricación contra el concejal y una técnico municipal.

Blanco está convencido de que Pavón ha «echado para atrás nuestra licencia por su afinidad con José Luis Romero», compañero de partido del edil y abogado de los vecinos que han plantado batalla durante años contra la ejecución de la edificación. Incluso le acusan de estar «devolviendo el favor que le hizo Romero cuando en plena campaña electoral presentó una querella contra la entonces concejal de Urbanismo, Marta García Romeu, que sabían que no tenía recorrido, para perjudicarla».

Pavón asegura, no obstante, que está «tranquilo» respecto a esta querella que considera que es «un tema menor, no vinculado ni a planeamiento ni a nada similar, sino a una licencia de un expediente que ha sido polémico desde sus inicios, en 2003».

Señala que a los promotores se les dio licencia para reformar una edificación, «pero variaron la estructura del edificio, algo que no estaba permitido». A raíz de ahí se iniciaron una serie de conflictos entre Ayuntamiento, vecinos y promotores muy complejos y se llegó a iniciar un expediente de demolición por parte del Ayuntamiento, que finalmente no se completó.

Los promotores acataron las exigencias de demolición de la parte superior del edificio y dejaron solo un local, para el que pidieron la licencia de ocupación en mayo de 2015.

Pavón defiende que la denegó basándose en el informe técnico que consideraba que «la obra no se ajustaba a la licencia y era ilegalizable».

En su opinión, «sí que hubiera incurrido en prevaricación si no hubiese hecho caso a los técnicos».

Respecto a por qué no tuvo en cuenta el informe de la jefa de departamento jurídico sobre el recurso de reposición de los promotores, asegura que «era un borrador, que no llegó a sustanciarse», en el que reconoce, eso sí, que decía que «actor previos del Ayuntamiento han convertido en legal la edificación».

Asegura que ni él ni los técnicos tenían este extremo claro y que por eso no se resolvió el recurso de reposición.

En cualquier caso, el juez ha visto indicios suficientes para admitir a trámite la querella, por lo que es muy probable que Pavón acabe siendo imputado para que pueda defenderse. Habrá que ver las consecuencias de esta investigación en el equipo de gobierno municipal de Alicante.

Desde el grupo municipal del PP, el portavoz, Luis Barcala, pedía ayer «máximo respeto a la actuación de la justicia» y solicitaba «rapidez en la resolución del caso».