Las Provincias

El aumento del acoso escolar obliga a reforzar los servicios especializados

Joan Carles Suau (arriba) y Albert Carbó, en una escena de la película «Bullying». :: lp
Joan Carles Suau (arriba) y Albert Carbó, en una escena de la película «Bullying». :: lp
  • Las direcciones territoriales de Educación supervisarán a diario las incidencias que se produzcan en los centros y ofrecerán atención directa a las familias

La Conselleria de Educación está ultimando una normativa que permitirá reforzar la atención ante casos graves de violencia en las aulas, como el acoso escolar. La orden, que ya se negoció con los sindicatos, supondrá en la práctica la creación de servicios especializados fijos en las direcciones territoriales de Educación (una por provincia), que se denominarán Unidades de Atención e Intervención (UAI). Dispondrán de personal estable y de funciones específicas para mejorar la convivencia.

Aunque su existencia ya se contemplaba en una norma previa de 2008, no se les había dotado de una estructura propia para que fueran plenamente funcionales, como explicó ayer el director general de Política Educativa, Jaume Fullana. Cada una estará coordinada por un inspector y contará con varios técnicos expertos en orientación en función del número de centros de la provincia. En Valencia habrá tres, en Alicante dos y en Castellón uno.

Según se desprende del borrador, la medida se adopta después de que los informes de convivencia en las escuelas que maneja Educación detectaran «un incremento de las incidencias comunicadas y proporcionalmente un incremento de los casos atendidos». Hay que recordar que los centros tienen la obligación de trasladar a un registro central todas las situaciones con componentes violentos que se registren en las aulas, desde daños materiales hasta casos de extrema gravedad, como abusos sexuales.

El aumento se debe, sobre todo, a la mayor sensibilización social y a la mejora de las herramientas de detección. De hecho, como dice el documento, «las situaciones de acoso y ciberacoso se han hecho más visibles». A este respecto hay que tener en cuenta que la generalización del uso de nuevas tecnologías entre los alumnos ha provocado un agravamiento de los casos por la facilidad de difusión de imágenes o vídeos.

«La labor de las UAI será asesorar a la comunidad educativa para prevenir situaciones que puedan tener consecuencias en la convivencia. Además, deberán atender de forma personal y práctica situaciones de especial dificultad, gravedad o repercusión social notificadas en el Registro Central de Incidencias», explican fuentes del departamento autonómico.

Los expertos también podrán actuar de oficio y de manera inmediata cuando así lo recomiende la intensidad del acto violento o sus consecuencias para las personas o para la comunidad educativa.

Entre las funciones ordinarias asignadas a las unidades destaca la supervisión diaria del mencionado registro. En caso de detectarse una situación especialmente grave el técnico asesor deberá comunicársela al inspector coordinador para tomar las medidas oportunas. Además, este tendrá la obligación de hacer un seguimiento de esta herramienta con una periodicidad mínima semanal. Los asesores también deberán atender las llamadas recibidas en el teléfono 012, el servicio de información de la Generalitat, relacionadas con el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (Previ), para «derivarlas a los otros miembros de las unidades cuando proceda». Esta función también incluye la atención de familias que quieran trasladar algún caso de acoso o violencia, lo que otorga a las unidades especializadas una doble vía de información: el registro de incidencias -de uso obligatorio por parte de los centros- y los contactos directos de padres, familiares o profesores que recurran a las llamadas telefónicas.

Según los datos facilitados por la conselleria, en la provincia de Valencia se detectaron 185 casos de acoso escolar durante el curso pasado. En cuanto al número de incidencias totales, ascendieron a 1.650, el 48,4% de todas las de la Comunitat.

La estadística autonómica las clasifica por tipos de violencia. La más habitual fue la verbal, presente en el 63,11% de los casos, seguida de la física (57,44%), la vinculada con casos de exclusión (9,9%) y la de tipo sexual (7,8%). Los porcentajes superan el 100% debido a que los incidentes comunicados suelen incluir más de una tipología.