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El decreto de plurilingüismo se ceba con los alumnos exentos de estudiar valenciano

El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.
El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler. / ÁLEX DOMÍNGUEZ
  • Los estudiantes de zonas castellanoparlantes que solicitan no ser evaluados de la asignatura no podrán convalidar directamente su nivel de inglés

El futuro decreto de plurilingüismo incluye una penalización para el alumnado que pida la exención de la asignatura de Valenciano. Optar por este mecanismo, con especial implantación en zonas castellanohablantes como el sur de Alicante, implicará que los estudiantes no tengan la posibilidad de acreditar automáticamente su nivel de inglés, que es una de las novedades del nuevo modelo, actualmente en fase de negociación. Este derecho se recoge en la Ley de Uso y Enseñanza y desde el Consell se ha asegurado en varias ocasiones que no se prevé acometer su modificación.

Según se desprende del borrador, para conseguir la certificación sin necesidad de pasar por academias o escuelas oficiales de idiomas se exige que el alumno curse al menos el itinerario Intermedio y haya superado las tres áreas lingüísticas, es decir, Lengua Castellana, Inglés y Valenciano. Nunca podrán cumplir el requisito los que pidan la exención, que en síntesis supone no ser evaluados de la materia, aunque los estudiantes sí que asisten a clase y siguen el ritmo habitual del aula.

En las zonas valencianohablantes la pueden solicitar los alumnos de familias que residen temporalmente en la Comunitat y los de incorporación tardía, aunque es provisional y se agota en dos cursos. También se permite a los que vivan en municipios castellanoparlantes y acudan a escuelas de estos territorios. En este caso la normativa no habla de limitaciones.

El nuevo decreto establece diferentes niveles, en función del peso del castellano y del valenciano. En el Básico el primero es muy mayoritario y en el Avanzado lo es el segundo. El Intermedio, como su nombre indica, se queda entre ambos: gana peso la lengua materna pero continúa habiendo mayoría de castellano. Siguiendo esta pauta, también crece la exposición al inglés.

La acreditación en Primaria sólo se contempla en el Avanzado, donde sería ilógico encontrar alumnos exentos, si bien es cierto que son los centros los que deciden cuál de los nuevos programas aplican a sus estudiantes en todas las etapas. En cambio, en ESO y Bachillerato sí se permite en el Intermedio. Y no es descabellado que muchas escuelas se acojan a esta opción, pues es asimilable a los actuales programas plurilingües en castellano. De hecho, en el sector concertado se especula con la posibilidad de que bastantes colegios opten por esta modalidad. También puede ser el itinerario elegido por institutos públicos que actualmente tienen líneas tanto en castellano como en valenciano al ser la modalidad más equilibrada, con incluso más peso del primero en el global de asignaturas.

Sería en estos casos donde se encontrarían más alumnos exentos perjudicados al no poder tener de forma directa la certificación de un A1 en Inglés al terminar la Secundaria Obligatoria o un A2 al acabar Bachillerato. Y eso que cursarán las mismas asignaturas en lengua extranjera que el resto. La posibilidad de conseguir una acreditación superior es exclusiva de los niveles avanzados, donde también sería difícil que haya alumnos que no se evalúen de la asignatura al ser el valenciano la lengua vehicular.

La Federación de Ampas Gabriel Miró, la mayoritaria de Alicante, destaca que la exención es una opción elegida por una parte pequeña de la población escolar. Más allá de la penalización hacia este colectivo, el presidente Ramón López apuesta por una medida más genérica: que en las modalidades básicas (con más peso del español) también se pueda incrementar el número de asignaturas en inglés y se permita la certificación automática. «Sería un decreto atractivo, ya no se vería tanto como una imposición (del valenciano) y estoy seguro de que se reduciría aún más la exención», explica.

La Asociación para la Defensa del Castellano también se ha mostrado crítica con el decreto. Su presidente, Nacho García, destacaba el miércoles que supone «una injusticia hacia los castellanohablantes», en relación a la vinculación que se fija entre el valenciano y el inglés, y lamentó que se aproveche de la demanda social de la lengua extranjera.