Las Provincias

Los investigados del metro piden el archivo de su causa tras el último informe

Un hombre se dispone a entrar en la estación del metro de Jesús. :: juanjo monzó
Un hombre se dispone a entrar en la estación del metro de Jesús. :: juanjo monzó
  • El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia cita a dos peritos para que ratifiquen que descartan una infracción de la normativa de prevención de riesgos

E l Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el accidente de metro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, ha citado a dos peritos para que ratifiquen los informes que han aportado a la causa. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado, uno de ellos es el subdirector técnico de Invassat, autor del informe encargado a este organismo después de que la Audiencia de Valencia ordenara reabrir el caso.

El documento sobre el que será interrogado el perito el próximo 20 de octubre descarta infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, en coincidencia con los informes aportados por el inspector de Trabajo, quien también ha sido citado a declarar para ese mismo día. Por otra parte, la jueza ya ha recibido el informe provisional de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) del que depende su decisión de tomar declaración a la exgerente de FGV Marisa Gracia y a otros cinco exresponsables de FGV investigados desde el pasado mes de julio. Estos son el exdirector de auditoría y seguridad en la explotación, el exdirector de operaciones, el exjefe de mantenimiento de instalaciones fijas, el exjefe de talleres de Valencia Sud y el exjefe de la Línea 1.

A todos ellos, la juez les imputó antes de recibir el citado informe para evitar la prescripción de los posibles delitos. No obstante, en resoluciones anteriores la instructora ya expuso que sólo serían llamados a declarar como imputados en el caso de que del contenido de dicho documento se desprenda que «nos encontramos ante unos hechos constitutivos de delito».

Después de que los técnicos de AESF determinaran que no era necesaria la colocación de una baliza en la curva en la que se registró el accidente, el abogado de cuatro de los investigados ha pedido al juzgado que remita el informe a la Audiencia para que lo incluya dentro de la petición de archivo de la causa. El informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria se ha redactado con el objeto de determinar si la empresa que gestiona el metro, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cumplía, antes de ocurrir el accidente, con las normas de seguridad exigibles conforme a la normativa aplicable.

El informe trata de responder a dos cuestiones fundamentales. La primera, si el cambio de las ventanas del metro implicó una alteración del diseño original que incidiese en el desprendimiento de las mismas; y, la segunda, si el trazado de la curva hacía necesaria la colocación de una baliza que controlase la velocidad del tren, ante la existencia de un riesgo, técnicamente hablando, que pudiese ser calificado de no tolerable.

Fue la Audiencia Provincial de Valencia, en la resolución que ordenó la reapertura del caso en julio de 2015, la que estableció la necesidad de realizar este informe pericial como paso previo a resolver sobre la imputación de los responsables de Ferrocarrils.

La instructora, en cumplimiento del mandato de la Audiencia, pidió a AESF la designación de dos peritos en noviembre de 2015; AESF respondió en febrero de 2016 y cinco días después la titular de Instrucción 21 les encargó el informe y los aspectos sobre los que éste tendría que versar: sobre la comparación entre las medidas de seguridad exigibles a la empresa conforme a la normativa aplicable y las que había en la fecha del accidente.

El documento encargado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no estará concluido hasta octubre, motivo por el que la magistrada requirió a los peritos que adelantaran a la primera quincena de septiembre la remisión al Juzgado de las conclusiones provisionales relativas a dos de los extremos que se investigan.

La juez les imputó, según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, antes de recibir el informe para evitar la prescripción de los posibles delitos. No obstante, en resoluciones anteriores la instructora ya expuso que sólo serían llamados a declarar como imputados en el caso de que del contenido del documento se desprenda que «nos encontramos ante unos hechos constitutivos de delito».

El otro informe, el requerido a Invassat tras la reapertura de las diligencias, descarta infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales, en coincidencia con los informes aportados por la Inspección de Trabajo.