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ARTURO CHECA
Lunes, 26 de septiembre 2016, 20:57
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«Detrás de la violencia contra el personal sanitario existe un entramado causal de una gran complejidad. El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la tan necesaria comunicación médico/paciente, pero no debe caer en el olvido el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial, que suponen una merma en la capacidad del profesional». El diagnóstico es de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, un juicio que responde a una realidad que atestiguan las cifras. Tras una caída en las agresiones sufridas por el personal sanitario en los últimos cinco años, los episodios repuntaron el año pasado.
El Colegio de Médicos de Valencia habla de 12 ataques durante 20015, dos más que el año anterior. Pero en el conjunto de la Comunitat, el incremento es mayor: 50 agresiones padecidas por médicos, enfermeras, celadores, auxiliares... En 2014 fueron 32 ataques, un aumento del 56%, como señala la estadística facilitada por la Asociación de Derecho Sanitario.
Desde la entidad señalan dos puntos especialmente críticos, obviamente los que presentan mayor carga de pacientes: los servicios de Urgencias de los hospitales y centros sanitarios, así como los centros de atención primaria.
Las 50 agresiones sufridas por médicos valencianos se encuadran dentro de las 361 conocidas en todo el territorio nacional, lo que supone que un 14% de los episodios violentos sobre sanitarios en España tienen lugar en la Comunitat Valenciana. La proporción de incidencia en la región ha crecido en el último año, pues los 32 ataques de 2014 supusieron el 9% del total nacional.
Casos ocultos
La asociación incluso indica que los casos «pueden ser más, estos son los registrados oficialmente, pero si no se comunican a los colegios profesionales difícilmente se puede llevar a cabo una estadística». El llamamiento de la entidad que engloba a médicos y abogados de toda la región es claro: «Al igual que al profesional sanitario se le exige que ponga todos los medios que tiene a su alcance para realizar una asistencia sanitaria satisfactoria para el usuario, resulta evidente que el profesional debe denunciar ante los Tribunales cualquier tipo de agresión, amenaza o coacción que sufra en el ejercicio de su actividad».
Mario (nombre simulado porque el sanitario prefiere preservar su identidad) no sólo tuvo que pasar por el trago de ver como la hija de un paciente a la que había atendido murió poco después. Un juez le exoneró de toda culpa. A ese peso se le sumo que luego el padre le agredió en el juzgado al responsabilizarle de lo ocurrido. Y el médico de Valencia se sintió algo abandonado. «Falló la vía oficial, pues Prevención de Riesgos Laborales no lo consideró como una agresión en el trabajo y no me apoyó. Mis compañeros, la Junta de Personal y la directora del Hospital de Requena lo hicieron en todo momento». Su vida dio un vuelco. Cambió de lugar de trabajo, de horarios. «Estaba todo el rato en alerta con la familia y los compañeros», recuerda. Explica que el acto médico se basa en la confianza médico-paciente. «Cuando esta no existe es cuando aparecen los problemas».
La entidad subraya dos sentencias, publicadas este fin de semana por LAS PROVINCIAS, que demuestran que los tribunales se han puesto «firmes e implacables» a la hora de afrontar: una de ellas considera autoridad a un celador y condena por el delito de atentado al hombre que le agredió en Alicante, mientras que la otra resolución califica con la misma conducta penal el ataque sufrido por un facultativo en un juzgado, fuera del hospital en el que trabajaba pero igualmente considerado autoridad por el ordenamiento jurídico.
Pública y privada
En los últimos cinco años, entre 2010 y 2015, en toda España hubo 2.419 episodios violentos sobre médicos, enfermeras y demás personal sanitario. De ellos, en el mismo período, 325 ocurrieron en la Comunitat, un porcentaje del 13% del total. Las conductas de que son víctimas los facultativos engloban «lesiones, amenazas, coacciones, injurias o vejaciones», como detalla la Asociación de Derecho Sanitario.
El mensaje de la entidad hacia la Conselleria de Sanidad, o las empresas encargadas de la asistencia privada, es más que rotundo. «La Administración, en el caso de la sanidad pública, y los responsables de gestión de la sanidad privada deben tener en cuenta estas circunstancias y dotar a los servicios de urgencias de los medios humanos y técnicos necesarios para evitar, o en su caso disminuir, las agresiones al personal sanitario».
CARLOS FORNÉS - ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO
«Las Urgencias deben estar mejor dotadas por la Administración»
Hijo del ilustre médico y presidente del Colegio de Médicos de Valencia, José Fornes, y a la cabeza de Fornes Abogados, Carlos Fornes desgrana como presidente de la Asociación de Derecho Sanitario las claves de las agresiones al personal sanitario.
¿Qué solución hay para el aumento de agresiones?
Que la Administración y los responsables de gestión de la sanidad privada tomen conciencia de la falta de recursos, sobre todo humanos y la sobrecarga asistencial, y realizar campañas para concienciar a la sociedad de que los servicios sanitarios son un bien publico que hay que cuidar.
¿Qué nivel de influencia tiene la falta de medios?
La falta de medios humanos y técnicos influyen en la asistencia sanitaria que se presta, sobre todo en los servicios de urgencias. Los pacientes o familiares no comprenden por qué deben esperar tanto tiempo en ser atendidos en una situación que para ellos resulta dramática. El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la tan necesaria comunicación médico paciente.
¿Cómo puede aumentar la protección legal del sanitario?
La Administración debe dotar los servicios de urgencias de los medios necesarios Y los profesionales, denunciar esta posible falta de medios y la sobrecarga asistencial, así como las agresiones, amenazas o vejaciones.
¿Cuál es el objetivo primero de la asociación?
Convertirla en punto de encuentro de los profesionales sanitarios y paliar las deficiencias en materia sanitaria. Se trata de disminuir el numero de reclamaciones. Hay un aumento de las denuncias por vía penal. El 70% de las reclamaciones son consecuencia de la falta de información que debe recibir el paciente en su asistencia.
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