El Consell se olvida de sus refugiados

«Se acerca el invierno, especialmente duro en las islas griegas, y tenemos la obligación legal y moral de sacar a las personas refugiadas allí y acogerse a la Unión Europea, por una cuestión de humanidad y de legalidad internacional». En noviembre de 2015, cuando la crisis de miles de personas desplazadas desde Siria y otras zonas en conflicto en Oriente Medio golpeaba con crudeza las conciencias de toda Europa, la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, tomó la bandera de la asistencia a los refugiados como uno de los emblemas del Consell. La Generalitat llegó incluso a fletar un barco para traer a la Comunitat a 1.000 refugiados desde tierras helenas. El Gobierno central frenó la iniciativa tras poner sobre la mesa que se trataba de una competencia estatal y que la llegada de asilados dependía de las directrices europeas.

Casi un año después de aquella fecha, más allá de eslóganes y titulares, las cifras de refugiados en la Comunitat y los datos sobre su estado de los que dispone la Administración revelan una realidad bien distinta. «No hay información del Gobierno que constate que saben cuál es su situación». La frase del director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en una entrevista con LAS PROVINCIAS tras reunirse el jueves con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con Mónica Oltra atestigua que el Consell desconoce cómo es la vida de los casi 1.000 inmigrantes solicitantes de asilo que hay en la región.

De hecho, al termino de la cita, la vicepresidenta reconoció la carencia al comprometerse a «revisar» las necesidades de este colectivo en materia educativa, de sanidad o de alojamiento.

La sentencia de Beltrán no pudo ser más severa: la falta de ejecución efectiva del sistema de acogida «puede llevar a los refugiados a la indigencia a medio plazo». El máximo responsable de Amnistía Internacional subrayó las preguntas, de momento sin respuesta, trasladadas a la Generalitat. ¿Cuántos pisos de acogida hay en la Comunitat para personas con solicitud de asilo? ¿Se les ha hecho análisis psicológico acerca de las secuelas que pueden arrastrar al venir de zonas en guerra o en conflicto? ¿Reciben los menores la atención debida y están escolarizados? ¿Tienen asistencia sanitaria? «¿Qué está ocurriendo con esos 1.000 solicitantes de asilo? ¿Tienen vivienda? Todo eso son cosas que dependen de las competencias del Gobierno autonómico», recordó Beltrán.

Compromiso de hacerlo

«Muchos acaban en la calle, sin trabajo, y si no están en la calle es porque logran quedar bajo el paraguas de organizaciones como Cáritas», advirtió Verónica Barroso, responsable de Refugio y Migraciones de Amnistía Internacional y también presente en el encuentro con Puig y Oltra. El máximo responsable de Amnistía Internacional insistió en sus dudas de que el Consell «conozca actualmente esa información», aunque destacó que la Generalitat «se ha comprometido a hacerlo».

No son las únicas críticas lanzada ayer por Amnistía. Aunque la organización alabó la «presión» de la Generalitat al Gobierno central para impulsar el acogimiento de refugiados en España, de nuevo las cifras ofrecen otra realidad. Tras el éxodo en Siria, hasta 65.000 seres humanos siguen «atrapados en Grecia», detalló Barroso. A España han llegado 552, una de las cifras más bajas de la Unión Europea. De estos, 12 están en la Comunitat. «La cifra es ridícula», apostilló con firmeza Esteban Beltrán en declaraciones a este periódico.

No es la primera vez que Amnistía Internacional se reúne con el Consell para recabar información. De hecho, ya en dos ocasiones en los últimos meses se citaron con la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, para saber del estado del millar de solicitantes de asilo en la Comunitat. «No nos dieron todos los datos y ahora hemos vuelto a pedirlos», según Beltrán. La reclamación de la organización al Consell, como al resto de España, es que el sistema de acogida se prolongue más allá del año tras su llegada, «para que estas personas no queden a la intemperie».

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