Las Provincias

Interior de la Ciudad de la Justicia de Valencia. :: damián torres
Interior de la Ciudad de la Justicia de Valencia. :: damián torres

Una Justicia a trancas y barrancas

  • Los juzgados de la Comunitat Valenciana instruyen en la actualidad 237 causas de corrupción de especial complejidad

  • Un millón de asuntos se tramitaron en 2015 a pesar de la escasez de medios

«Una Justicia que intenta salir adelante a trancas y barrancas». La frase fue pronunciada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, para explicar la difícil situación de los órganos judiciales valencianos tras una sobrecarga de trabajo con una escasez de medios y un modelo organizativo inadecuado. Pero De la Oliva destacó el voluntarismo y empeño de magistrados, jueces y funcionarios que realizan «un esfuerzo muy superior al lógicamente exigible».

Los juzgados de la Comunitat instruyen actualmente 237 causas de especial complejidad relacionadas con casos de corrupción, y en 2015 la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV incoó un total de 72 procedimientos contra aforados, un 3% más que el año anterior. Estas cifras fueron hechas públicas ayer por Pilar de la Oliva, y el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, en sus discursos en el acto de apertura del año judicial.

De la Oliva lamentó la falta de recursos en los juzgados, y más aún cuando el año pasado ingresaron un millón de asuntos y se resolvieron «25.000 más de los que entraron», marcando así el inicio de un cambio de tendencia. Ante esta situación, los jueces que instruyen causas especialmente complejas o voluminosas recibieron apoyo, pero la situación en los juzgados penales de Castellón, Alicante, Gandia y Torrevieja «sigue siendo altamente preocupante».

La presidenta del alto tribunal autonómico explicó que desde 2013 los juzgados de primera instancia de Valencia resolvieron unas 20.000 demandas por preferentes y productos bancarios complejos, de las que quedan pendientes unas 4.300, aunque estarán concluidas en pocos meses. En materia mercantil, los juzgados superan el número de asuntos que deberían tramitar, según los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y los juzgados de lo Social resuelven sobre nuevas materias como consecuencia de recientes reformas legislativas, además de la «ingente carga de trabajo que ya recaía sobre ellos», aseveró.

De la Oliva elogió el excelente trabajo realizado por los Juzgados de Marca de la Unión Europea con sede en Alicante, cuya labor es altamente valorada en Europa, y destacó también «el valioso servicio en beneficio de la población más indefensa» que realizan los juzgados especializados en incapacidades. «En esta materia, quizá, sería conveniente el establecimiento de juzgados comarcales especializados y asistidos de profesionales para la mejor protección y garantía de estas personas especialmente vulnerables», añadió la presidenta del TSJCV.

El acto se celebró en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la asistencia de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y diferentes autoridades militares y policiales. El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, aprovechó su discurso para presentar la memoria de la Fiscalía de 2015 y resaltó que disminuyeron más de un 8% las diligencias incoadas por las distintas formas de homicidio, un 15% por robos con violencia y un 2% por delitos contra la Administración Pública, aunque aumentaron «muy significativamente» las de fraude a la Seguridad Social, que pasaron de cuatro a 34.

En delitos económicos, según Montabes, «hubo un incremento del 26% en diligencias previas, la mayoría por defraudación tributaria, seguida de fraude contra la Seguridad Social y fraude de subvenciones». También aumentaron un 92% las diligencias abiertas por delitos de tortura y contra la integridad moral, un 10% por delitos contra la libertad sexual y un 4% por un delito contra la Administración de Justicia.

Montabes se refirió también a los medios personales y materiales de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, donde se trata de implantar un nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal que permita agilizar y mejorar la eficacia de la Administración de Justicia con un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.