Las Provincias

Los concertados lamentan que la línea en castellano tenga menos horas de inglés

El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, tras presentar el decreto ayer en Alicante. :: álex domínguez
El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, tras presentar el decreto ayer en Alicante. :: álex domínguez
  • Los centros alertan de que el decreto «coarta» la libertad en la elección de la lengua de estudio y los padres hablan de «discriminación»

El nuevo modelo lingüístico de las escuelas causa recelo en los colegios concertados. Tanto las asociaciones de padres más representativas como las dos principales patronales no ven con buenos ojos la premisa básica que se desprende del futuro decreto: si se quiere dar el máximo de horas de inglés será necesario elegir la modalidad en la que más asignaturas se imparten en valenciano. Para contextualizar las críticas, hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los colegios con concierto vehiculan sus clases en castellano, algo que sucede en las tres provincias, sin excepción. Y si de cara a los próximos cursos se decantan por mantener el modelo actual, es decir, optan por las modalidades que priorizan la lengua nacional, no tendrán posibilidades de incrementar la exposición de sus alumnos al inglés hasta el tope permitido, de acreditar de manera automática sus conocimientos en idiomas o de disponer de una hora semanal para mejorar las destrezas orales en el idioma extranjero.

La primera lectura de José Manuel Boquet, presidente de la Federación de Centros de Valencia (Feceval), es hasta satisfactoria. Más bien de alivio. «Es positivo que no se haya impuesto un modelo único de inmersión lingüística», explica. No se puede obviar que esta posibilidad, con más o menos matices, ha sido muy demandada por sectores afines al conseller Marzà, como el sindicato Stepv o Escola Valenciana. Sin olvidar que el programa electoral de Compromís apuntaba claramente en esta dirección.

Sin embargo, Boquet considera que la vinculación entre el valenciano y el idioma extranjero puede implicar límites al «derecho de los padres a la libertad de elección de lengua de enseñanza para sus hijos». «Es cierto que no se impone ni se prohíbe nada, pero entendemos que se coarta esta libertad», añade.

Vicenta Rodríguez, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat, pone el acento en que «se está aprovechando la demanda social del inglés para condicionar los proyectos educativos». A su juicio, es un «ataque a lo pedagógico, a la autonomía de los centros para decidir su proyecto e incluso a las posibilidades de los alumnos». También considera que «las lenguas no deben servir para enfrentar a las personas, sino para acercarlas».

Rodríguez también lamenta, tras un primer análisis del decreto, que desaparezca la opción que tenían los alumnos que salían de la ESO de acreditar su nivel de lenguas con un nivel A2 a través de las pruebas organizadas en los institutos de referencia previo pago de las tasas. «Quedará la opción de las escuelas de idiomas, donde hay plazas limitadas, o las academias, que cuestan más dinero». Es decir, se penaliza «a los estudiantes con menos recursos».

Por último, Boquet se muestra «de acuerdo con el impulso del valenciano, pero siempre teniendo en cuenta las circunstancias reales de cada territorio». Las patronales serán citadas hoy dentro de la ronda de contactos para terminar de pulir el decreto, que también se presentará a los representantes de las familias y a los sindicatos docentes que componen la mesa sectorial.

Al presidente de la Federación de Ampas Católicas de Valencia, Vicente Morro, le chirrían las formas y el contenido: «Pecan de los mismos vicios que el curso pasado. Se nos pone encima de la mesa un documento no consensuado en el que sólo puedes presentar alegaciones a la espera de que tengan en cuenta alguna».

Plurilingüismo condicionado

En cuanto al fondo, lamenta que la conselleria haya continuado «con su manera de hacer política». «Ellos marcan un camino. Si lo eliges tendrás facilidades. Si optas por otro, habrá dificultades», señala de manera gráfica en relación a la vinculación entre el valenciano y el inglés. «Si se opta por dar más preponderancia al castellano no existirán las mismas ventajas. Diría que es un plurilingüismo condicionado», sentencia, antes de criticar que «da la impresión de que habrá alumnos de primera y de segunda».

Julia Llopis preside la Confederación de Ampas Católicas de Alicante, la provincia más castellanizada de la Comunitat. Coincide con Morro en que se va a generar una diferenciación entre el alumnado, algo que considera «discriminatorio». «En algunos de los niveles del decreto -hay seis en función del peso de cada una de las lenguas cooficiales y del inglés-, pese a tener la misma exposición a la lengua extranjera en la modalidad que prioriza el castellano tienes acreditación automática, pero en la de valenciano sí», critica.

«Además, el conseller garantiza que no habrá imposiciones, pero la decisión sobre qué modelo se aplica es del centro, que actuará en función de su posibilidades. Los padres no tendremos elección», añade. Hay que recordar que desaparece la posibilidad de ofrecer, en el mismo colegio, líneas en castellano y en valenciano, pues tendrán que elegir una de las seis modalidades para todos los alumnos. «Sinceramente, me pregunto qué puertas abre el valenciano que no abran el castellano y el inglés, dos de las lenguas más habladas en el mundo», reflexiona.

Las reacciones políticas también llegaron durante el día de ayer. Mientras que el PP y Ciudadanos criticaron el proyecto, los partidos que sostienen al gobierno del Botánico aplaudieron el modelo ideado.

Movilización popular

Especialmente dura fue la síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, que anunció que el partido impulsará actos para movilizar a alcaldes, militantes y simpatizantes contra el nuevo decreto, con el objetivo de que «el rodillo de la política informativa» del Consell «no acalle la verdadera intención de imponer la inmersión lingüística». Tampoco se descarta acudir a los tribunales.

A juicio de Bonig, el borrador supone «un chantaje a las familias». «No queremos imposición de una lengua sobre otra. Creemos en la libertad y la Comunitat tienen dos lenguas oficiales que se tienen que dar en igualdad», defendió la diputada, para quien establecer la inmersión en zonas castellanoparlantes y que se certifiquen buenos niveles de inglés si se opta por el valenciano es «una imposición». También dijo que el borrador «resta oportunidades» porque «habrá dos líneas en las escuelas: una de calidad en inglés y valenciano y otra de menos calidad en castellano e inglés».

Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, dijo que el documento «resta libertades y desde el punto de vista técnico va a imponer el valenciano si se quiere ser competitivo con el inglés en el día de mañana».

En cuanto a Ciudadanos, el portavoz Alexis Marí dijo que mantendrán una reunión con Marzà para que les explique en qué consiste el decreto y poder analizarlo «con tranquilidad». «Una vez tengamos todo detallado extraeremos conclusiones», indicó, antes de advertir de que si se trata de una «inmersión lingüística camuflada para penalizar a la gente que utiliza el castellano», el partido «utilizará toda la artillería política contra Marzà».

Respecto al PSPV, el síndico Manolo Mata destacó que «nunca se ha dado tanta libertad a las familias» y que gracias a los nuevos niveles «serán los padres los que decidirán si quieren que sus hijos tengan una carrera absolutamente plurilingüe, moderada o poco plurilingüe». «Se ha acabado el pagar academias», dijo.

Para Josep Nadal, de Compromís, comienza «un tiempo nuevo en el que se moderniza el sistema educativo». Defendió que la escolarización debe ser «práctica» y que se tiene que garantizar que los niños acaben la escuela con «conocimientos grandes» de castellano, valenciano e inglés, y a su juicio, el futuro decreto del Consell «lo consigue». Sandra Mínguez, de Podemos, defendió que los alumnos deben saber «más valenciano e inglés», y aplaudió que se hayan respetado las diferentes zonas y características de la geografía valenciana, así como «la autonomía» de los centros.

La única reacción sindical llegó desde el CSI·F, que destacó la necesidad de potenciar la formación docente en idiomas antes que nada. Por su parte, Vicent Marzà destacó que el nuevo modelo «es un punto de partida donde cada centro se ajustará al nivel que decida teniendo en cuenta su realidad sociolingüística y progresivamente podrá evolucionar a niveles más avanzados de plurilingüismo».