Las Provincias

Incendios sin culpables

Nueve de cada diez expedientes por incendios acaban archivados
  • La Fiscalía de Valencia archiva el 90% de las investigaciones relacionadas con fuegos forestales

Es muy difícil coger a los responsables de los incendios forestales, demostrarlo policialmente y obtener pruebas periciales que tengan valor en un proceso judicial». José Vicente Oliver, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana y profesor del departamento de Ingeniería Rural de la Universitat Politècnica de Valencia, es consciente de las dificultades a las que se enfrentan los investigadores para desvelar quién está detrás de estas agresiones medioambientales. «Nosotros tenemos muy claro que muchos incendios son intencionados pero, o bien no se encuentra a los autores o, si los detienen, es muy difícil que los sentencien», añade. Al respecto, y aunque provocados por la mano del hombre, buena parte de los fuegos son fruto de una negligencia y, en estos casos, entran en juego los acuerdos prejudiciales para evitar enfrentarse a una posible pena del magistrado.

De hecho, según un estudio elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, más del 40% de los incendios registrados en la Comunitat son fruto de una negligencia (las quemas agrícolas están detrás de la mayoría) y cerca del 33% son intencionados. Del resto, bien se desconoce su origen o los investigadores lo achacan a una causa natural, como por ejemplo un rayo.

Pese a ello, el 90% de las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía Provincial de Valencia sobre incendios forestales el pasado año terminaron archivándose. En concreto, de los 97 expedientes incoados el pasado año, 88 terminaron sin dar ningún tipo de fruto, según la memoria del Ministerio Fiscal a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En 2015, además, sólo se registraron tres sentencias condenatorias en los juzgados de lo Penal sobre incendios forestales, tal y como reza el informe. Un año antes los porcentajes mejoran, pero la situación es similar. De las 231 diligencias de investigación incoadas en 2014 por la Fiscalía de Valencia, 160 se archivaron (alrededor del 70%). A nivel de sentencias ese ejercicio también hubo sólo tres condenatorias, una en la Audiencia Provincial y las otras dos en los juzgados de lo Penal. A lo largo de este ejercicio, y sin contabilizar los últimos incendios de agosto y septiembre, la fiscalía ya ha iniciado 141 investigaciones.

A nivel nacional, el año pasado disminuyeron tanto el número de investigaciones judiciales como de condenas por incendios forestales, según la última memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente. Mientras que en 2014 el Ministerio Público analizó 579 casos en todo el país, y ese mismo año se impusieron penas a 170 personas, en 2015 las cifras cayeron hasta las 242 indagaciones y 131 sanciones.

Estos datos refuerzan el argumento de las dificultades que encuentran no sólo los investigadores, sino también los fiscales y jueces a la hora de demostrar inequívocamente quién es el responsable de un incendio forestal.

José Pablo Crespo, vicepresidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat (APAMCV) subraya que «es muy compleja la obtención de pruebas». Sobre ello, explicó que los integrantes del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales (GOIFF) son los encargados de llevar a cabo las pesquisas de los fuegos que se originan en la Comunitat, aunque en los más relevantes la Guardia Civil también se encarga de la investigación.

Pruebas inequívocas

Con los datos y pesquisas obtenidos por los GOIFF, los agentes elaboran un informe que se remite a la fiscalía. «Normalmente se abren el caso si se incluye el nombre de algún presunto causante conocido», comenta Crespo, mientras que en el resto de las situaciones el expediente se suele archivar.

Además, en el caso de que prospere la investigación, el proceso judicial, por una parte, se suele dilatar mucho en el tiempo (el autor del incendio de Vilamarxant en 2006 fue condenado cinco años después, por ejemplo) y, por otra, «en muchos casos se llegan a acuerdos previos al juicio, normalmente en situaciones de negligencias en las que no hay intencionalidad, y acaban con una sanción económica», explica este especialista. En esta línea, añade que en el ámbito penal «es muy difícil condenar porque hacen falta pruebas inequívocas».

Ante esta situación de especial dificultad para encontrar y castigar a los responsables de los incendios forestales, los expertos abogan por tres medidas: incrementar la concienciación y educación de la ciudadanía, aumentar la vigilancia y la prevención en acciones de forestales, y dotar a los investigadores de más recursos personales y materiales.

«La solución pasa por la educación y la formación de la gente, vemos ratios muy elevados de personas que, por ejemplo, no saben que en un día de riesgo extremo no se pueden hacer barbacoas, o las consecuencias que puede tener tirar una colilla de un cigarro», describe Oliver. «Debido a la situación actual del monte el riesgo cada vez es mayor y debemos llevar a cabo una gestión activa de la prevención», añade.

Crespo, por su parte, lamenta que «faltan medios materiales y humanos en los grupos de investigación, al igual que pasa en el ámbito de la Justicia», lo que origina que muchos casos se dilaten demasiado en el tiempo. Sobre ello, apunta que, en la actualidad, el GOIFF lo componen únicamente doce personas (cinco en Valencia, tres en Alicante, tres en Castellón y uno más en la agencia de Emergencias), por lo que sería necesario incrementar el número de este grupo de profesionales. Además, urge a la Administración a dotar a estos agentes de mejores medios, como vehículos más modernos.

En el campo

Por otra parte, los expertos marcan el mundo agrario como un punto muy a tener en cuenta en el ámbito de los incendios en los montes. El presidente de la Plataforma Forestal Valenciana apunta a las negligencias en la agricultura como la causa principal de los fuegos. Por una parte, en la actualidad el progresivo abandono de los campos de cultivo hace que prolifere la maleza en zonas que, con anterioridad, estaban perfectamente cuidadas; situación que ha hecho que se vayan perdiendo también las zonas perimetrales que separaban al monte de los cultivos, un caldo de cultivo ideal para la propagación de incendios.

Por otra parte, y pese a que se está incrementando el control de la quema de los restos de poda, todavía existe un núcleo importante de agricultores de avanzada edad «a los que cambiarles los hábitos es muy difícil». Asimismo, «ahora la agricultura es una actividad secundaria, casi de fin de semana, en la que los restos se van acumulando durante la semana y, el fin de semana, está cerrado el ayuntamiento para pedir licencia y, al final, se quema sin permiso», resumió.

El estudio elaborado por el Consell, que analiza los incendios registrados en el periodo comprendido entre 2000 y 2013, establece que, en el ámbito de las negligencias, «entre las principales causas en número están las referentes a quemas agrícolas». En general, detalla, el número de incendios por estas prácticas en las tres provincias es importante y dentro de este apartado, la quema de restos de poda «es la principal causa de negligencia en las tres provincias y supone un 54% del número de incendios» dentro de este tipo.

Código Penal

Por otra parte, y contrariamente a la creencia popular, los especialistas consultados no creen que sea necesario endurecer las penas del Código Penal en relación a las penas contra los causantes de incendios forestales. «Creemos que, comparado con el de otros países, es suficientemente estricto, pero quizá no se aplica del todo», apunta Oliver. «Las penas son suficientemente duran», resalta Crespo.

En concreto, en su artículo 351, establece que «los que provocaran un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años». Si no existe riesgo para la ciudadanía, el artículo 352 fija penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses si el incendio alcanza una especial gravedad. De no ser así, prender fuego a masas forestales sin que llegue a propagarse, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses. Si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor, el responsable quedará exento de pena.