Las Provincias

El conseller Marzà, en Les Corts. :: Juan J. Monzó
El conseller Marzà, en Les Corts. :: Juan J. Monzó

Educación se enfrenta a una treintena de recursos en los tribunales

  • La mayoría llegan desde las universidades privadas, aunque también destacan los de las ampas católicas y los de las asociaciones de escuelas infantiles

La oposición a las políticas educativas del Consell se ha trasladado al ámbito judicial. Al menos 30 recursos han llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (Tsjcv) en los últimos meses, lo que da idea del nivel de confrontación existente, con el sector privado como principal protagonista. El conflicto con las universidades es el último en estallar, pues ha sido durante las vacaciones cuando han trascendido los contenciosos presentados, una vez publicadas las convocatorias de las becas. Los centros que se consideran perjudicados por el arreglo escolar, las asociaciones de escuelas infantiles o los padres contrarios a los cambios en la admisión también han acudido a la justicia. Hay más casos de tipo sectorial e incluso de fuera de la Comunitat.

Las becas universitarias. Los cambios en las ayudas de la Generalitat, que sólo llegarán a alumnos de la red pública, acaparan la mayor parte de los recursos, presentados por los representantes de las dos universidades privadas más grandes. La Católica de Valencia (UCV) ha impulsado trece, al actuar contra las órdenes de bases de los seis tipos de ayudas y contra las resoluciones que las activan. También se ha recurrido la convocatoria de becas de no abandono del pasado diciembre. La institución solicitó medidas cautelares para cuatro de las modalidades, de las que el Tsjcv aceptó dos: la vinculada a la convocatoria de la exención de tasas y la de no abandono del curso 2016-2017. Por su parte, la Fundación Universitaria CEU San Pablo, titular de la Cardenal Herrera, ha interpuesto otros cinco contenciosos contra las bases que regulan las becas.

Las instituciones privadas alegan que excluir a sus alumnos es discriminatorio, pues hasta ahora los beneficiarios sólo debían cumplir los mismos requisitos académicos y de renta que los de las públicas, sin valorarse la titularidad. Educación defiende que el dinero público debe centrarse en el ámbito de la administración y que sólo Castilla y León y Aragón dan ayudas a las privadas.

La conselleria se ha mostrado muy crítica con la Católica, a la que culpa de la paralización de las convocatorias. El centro responde que el origen está en las políticas aplicadas y que se podrían desbloquear prorrogando las bases anteriores a las impugnadas. También argumenta que si se han adoptado medidas cautelares es porque se podrían causar daños irreparables en los derechos fundamentales de los alumnos.

Educación ha recurrido la suspensión cautelar. El acto de apertura del curso de la Católica, celebrado sin representantes autonómicos, ejemplifica el abismo entre las partes. Fuentes jurídicas señalan que los contenciosos, presentados por la vía de protección de derechos fundamentales, podrían resolverse en un mes o mes y medio.

Las prácticas sanitarias. El Tsjcv también ha optado por suspender temporalmente la decisión del Consell de dejar fuera de las prácticas sanitarias en centros públicos a los alumnos de las universidades privadas. Como en el caso anterior, no se ha entrado en el fondo del asunto. La medida cautelar llegó tras otro recurso de la Católica contra la decisión de Sanidad de no aplicar los convenios vigentes. La conselleria defiende que eran irregulares y que afectaban a la calidad de las prácticas. El tribunal consideró que si no se paralizaba la medida se podían causar daños irreparables ante la inminencia del curso. La suspensión cautelar también está recurrida.

Las aulas de dos años. El plan para crear aulas de dos años en colegios públicos derivó en dos contenciosos. El primero lo presentó la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), patronal de escuelas infantiles (las que escolarizan a alumnos de entre 0 y 3 años).

Se justifica en que la medida atenta contra la libre competencia e implica duplicar la red, lo que no resulta eficiente. Educación defiende que facilita el acceso a familias con pocos recursos. El sector privado plantea que las ayudas a la escolarización se aproximen al coste de la plaza, llegando a la gratuidad para las rentas bajas, como una salida al conflicto. Se considera que sería más económico que el plan. El segundo lo presentó la asociación Adei.

El arreglo escolar. Otro frente abierto tiene que ver con la planificación de aulas para este curso, el llamado arreglo escolar. Las patronales concertadas se mostraron muy críticas con los criterios aplicados. De momento han trascendido los recursos del colegio El Valle y del Inmaculada Jesuitas, de Alicante. En ambos casos se denegaron ampliaciones que los centros consideran ajustadas a derecho por el crecimiento vegetativo del alumnado.

Respecto al último, un grupo de padres cuyos hijos no pudieron acceder ha presentado otro contencioso contra la resolución que dio publicidad a las vacantes en la admisión. Denuncian que en pleno proceso se redujeron a la mitad.

Las bolsas de trabajo. La Asociación de Docentes Interinos por un Acuerdo Justo (Aidaj) presentó un recurso contra la sentencia que obligó a volver al acuerdo de 2010, que establece que en la organización de las bolsas de trabajo se prima la antigüedad. El de 2013, que consideran más equilibrado, obligaba a tener la oposición aprobada. Aunque no van contra la administración como tal, la vuelta a la anterior ordenación fue prometida por el actual Consell.

La admisión y la jornada continua. La Federación de Ampas Católicas de Valencia tiene tres contenciosos en marcha: contra el decreto y la orden que establecen los nuevos criterios de admisión y que derogan el distrito único y contra la jornada continua. Considera que se vulneran derechos como la libertad de elección o a la igualdad entre los diferentes colectivos de los centros (en el caso del tercero).

Transporte escolar. Educación desistió de la adjudicación del contrato impulsado por el PP en el lote correspondiente a la provincia de Valencia, para el que ya había una propuesta de la mesa de contratación. Las empresas afectadas han recurrido en defensa de sus intereses.

Conservatorios. Una asociación andaluza impugnó el procedimiento de acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas. Creen que debe exigirse un doctorado para dar clase en conservatorios superiores. El recurso no se acaba de entender entre el colectivo valenciano.

Técnicos sanitarios. El Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat ha ido contra la convocatoria para obtener el certificado de formación pedagógica necesario para dar clases de FP en aquellos casos en que, debido a la titulación cursada, no se puede acceder al máster habilitante.