Borrar
Lotería Cuatro jugadores ganan 50.630 euros con el sorteo de la Primitiva de este jueves
La exministra Cristina Narbona visita una desalinizadora en la Comunitat.
La UE reclamará 35 millones por dos desalinizadoras que no se han estrenado

La UE reclamará 35 millones por dos desalinizadoras que no se han estrenado

Europa exige que funcionen en marzo por las ayudas concedidas pero las plantas de Moncofa y Oropesa llevan siete años paradas

JUAN SANCHIS

Lunes, 15 de agosto 2016, 20:57

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Se las prometían muy felices. Tal y como había anunciado, el PSOE de Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones generales de 2004, procedía a derogar el Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase del Ebro. Parecía que ya estaba todo hecho. Las voces que se levantaron en la Comunitat advirtiendo de las consecuencias de estas medidas no fueron escuchadas. No había motivo de preocupación. Tenían un as en la manga. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, puso en marcha el Programa Agua, que básicamente pretendía la construcción de una serie de desalinizadoras para paliar el déficit hídrico de la Comunitat.

El programa incluía plantas en toda la Comunitat, dos de ellas, no muy grandes, en la provincia de Castellón: Oropesa y Moncofa. Estaba previsto, tras varios atrasos, que estuvieran en funcionamiento en 2009. Han pasado siete años y siguen paralizadas.

Doce años después del Programa Agua las desalinizadoras están construidas, pueden funcionar, pero no lo hacen. Lo peor es que si no se ponen en marcha antes de marzo de 2017 España perderá 35 millones de euros (17,9 por Moncofa y el resto por Oropesa) en ayudas que recibió de la Unión Europea para la construcción de estas plantas.

Quien más claro lo tienen son los regantes, tanto como lo tenían hace 12 años. Las plantas no hacen falta para abastecer la zona, ni aun en el caso de que se hubieran cumplido las expectativas de desarrollo que se establecieron en aquel momento (abastecer a 225.000 habitantes). Había agua de los pozos más que suficiente, como atestiguaban los regantes.

Ahora se pagan las consecuencias de las malas previsiones. Las dos plantas están construidas y han supuesto una inversión superior a los 100 millones de euros, con una capacidad de producción de 33 hectómetros cúbicos.

El problema lo van a tener los ayuntamientos. Moncofa y Xilxes firmaron un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para comprar el agua producida por la desalinizadora mientras que el de Benicàssim y el de Cabanes hicieron lo propio con la planta de Oropesa, con una capacidad de producción de 13,5 hectómetros cúbicos anuales. El alcalde de Moncofa, Wenceslao Ros, recordó que el convenio fue firmado por el anterior equipo de gobierno socialista y que el coste del agua supondrá diez veces más que la procedente de los pozos de los que se nutren actualmente. Según Ros, tendrán que abonar 1,3 millones de euros cuando la deuda municipal actual ya supera los nueve.

Hay que tener en cuenta que el precio del metro cúbico del agua desalinizada se sitúa en el entorno de los 1,2 euros. A todo ello hay que sumar que estos municipios van a ser los que asuman el coste que han supuesto las obras. En concreto se han comprometido a devolver en 25 años los más de 100 millones que han costado estas infraestructuras.

En estos momentos se está utilizando el agua de la desalinizadora de Torrevieja gracias al decreto de sequía que permite subvencionar el precio, ya que de otra forma no sería asequible para los regantes. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha entregado 30 hectómetros cúbicos de agua comprometidos a los regantes del acueducto Tajo-Segura, procedentes de la planta desalinizadora de Torrevieja, de acuerdo con el decreto de sequía de la cuenca del Segura. Este volumen suple la reducción de recursos procedentes de los embalses de la cabecera del Tajo a través del aumento de la capacidad de producción media de la planta desaladora, que permitiría poner a disposición de los usuarios del sistema un volumen de más de 20 hectómetros cúbicos adicionales hasta finales de año. Los regantes del Tajo-Segura han pagado a un precio de 0,30 euros por metro cúbico, gracias a la ayuda de seis millones aportada por el Ministerio para financiar parte del precio de este agua desalada destinada al riego. Ahora bien, el coste real del agua es de 1,2 euros por hectómetro cúbico. A todo ello se ha unido el reciente escándalo propiciado por la gestión de Acuamed. De una inversión prevista de unos 770 millones se pasó a un sobrecoste de más del 128%. Ante ello, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública Acuamed, entre los que se encuentran proyectos como las conducciones y tuberías de diferentes plantas construidas en la Comunitat.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios