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Rotulo en valenciano y castellano en Valencia. :: p. mammana
Rotulo en valenciano y castellano en Valencia. :: p. mammana

Las quejas por discriminar el castellano se triplican en el primer año del Consell

  • Denuncias sobre rótulos, informes médicos o escritos educativos sólo en valenciano, algunas de las reclamaciones al Síndic

La promoción del valenciano es una de las prioridades que se ha marcado el Consell desde que hace ahora un año llegó a la Generalitat. El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, explicó hace apenas dos semanas en Alicante en un acto organizado por el Consell que «se habla de imposición cuando es al contrario. Queremos que el conjunto no se divida sino que se una y acceda a los mismos derechos».

Es más, Marzà mantuvo durante el encuentro que la política de la conselleria es potenciar que las dos lenguas oficiales «sean puentes y no torres» que contribuyan a la «igualdad de oportunidades», por lo que hay que trabajar para que «la gente pueda dominar de forma efectiva las dos lenguas».

En este marco, el conseller de Educación ha afirmado que su departamento estudia la posibilidad de acabar con la exención de la enseñanza del valenciano en las comarcas castellanoparlantes como Orihuela.

La nueva política puesta en marcha por los nuevos gestores de la administración autonómica ya ha provocado las primeras reacciones. Y no han sido muy favorables. Las quejas presentadas ante la Sindicatura de Greuges por una supuesta discriminación del castellano se han triplicado en estos meses.

Si el último año en el que gobernó el PP la mayor parte de las quejas se referían a la supuesta discriminación del valenciano, ahora la tortilla ha dado la vuelta y las quejas sobre una posible marginación del castellano se suceden.

Críticas

En tan sólo un año se han triplicado las quejas que ha recibido la Sindicatura de Greuges contra el uso del valenciano en detrimento del castellano, la también lengua cooficial de la Comunitat.

Si durante el último año del mandato del PP, la Sindicatura recibió 22 quejas sobre derechos lingüísticos, tan sólo dos denunciaban una posible violación de los derechos de los castellanoparlantes.

En cambio, durante los últimos doce meses en los que el tripartito ya se ha asentado y ha tomado las riendas de poder en la Comunitat, las quejas sobre derechos lingüísticos han sido ligeramente inferiores (16), pero se han triplicado las que denuncian una marginación en el uso del castellano.

Hay que tener en cuenta que en tan sólo un año el aumento de las demandas interpuestas sobre derechos lingüísiticos se han incrementado prácticamente un 40%, según los datos que se encuentran en posesión de la Sindicatura de Greuges.

En este sentido, una de las quejas presentadas por una posible discriminacion del Ayuntamiento de Calp ha sido rechazada por la magistratura ante la respuesta razonada del consistorio, en la que explicaba que estaba en proceso de conversión para cumplir con la legalidad una vez que el nombre del municipio pasó a ser sólo en valenciano.

Entre las quejas interpuestas por los ciudadanos se encuentran algunas que hacen referencia a que la rotulación de los carteles por la calle están en una sola lengua, o bien reclaman el derecho a ser atendidos por la administración en el idioma que han escogido.

Así, una de las quejas interpuestas se dirige a la Conselleria de Transparencia, ya que al dirigirse al 012 para pedir una información la peticionaria no consiguió que se dirigieran a ella en castellano.

En otra de las quejas, el interesado comunicó que se había presentado a una oposición en un ayuntamiento y al inscribirse en ella lo hizo exclusivamente en castellano. Pese a ello las comunicaciones que ha estado recibiendo han sido en valenciano, una actuación que no se ha modificado pese a que así le ha sido requerido al Consistorio. Ahora, la Sindicatura de Greuges ha reclamado al Consistorio para que aplique estrictamente la legislación.

Otra de las quejas, en esta ocasión referida a la Conselleria de Economía, señala que un cliente de unos grandes almacenes presentó una queja en castellano por la que el asunto se sometía la Junta Arbitral de Consumo. Al final, el interesado recibió toda la documentación en valenciano.