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Zancadillas tras el maltrato

Zancadillas tras el maltrato

Seis de cada diez investigaciones arrancan por las propias víctimas; la implicación de vecinos y familia, asignatura pendiente

ARTURO CHECA

Domingo, 10 de julio 2016, 21:04

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Mariló denunció a su exmarido en Bétera, acabó desahuciada de su casa, sin empleo y quedándose sin ayudas municipales por un problema con el empadronamiento. «Si lo sé no denunció», fue su mensaje en un reportaje publicado hace dos semanas por LAS PROVINCIAS. La Audiencia acabó tumbando la condena inicial que recibió su pareja al considerar que no existían pruebas de cargo contra él. Ella no estuvo presente en el recurso, según su testimonio porque su abogada no le comunicó nada. Por ello ha interpuesto una reclamación en el Colegio de Abogados. Su historia es la punta de un iceberg cuya realidad constatan los expertos y las cifras: que pese a lo mucho avanzado y mejorado en la lucha contra la violencia doméstica sigue habiendo muchas zancadillas legales, sociales e institucionales tras el maltrato, pedruscos a veces insalvables para las víctimas.

«Hay que acompañar a la denunciante a lo largo del procedimiento judicial para que la mujer maltratada no se sienta aún más desamparada». Esta era una de las últimas recomendaciones lanzadas por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, un dictamen emitido ante una alarmante constatación de los expertos en la materia: la mayoría de las denuncias retiradas o la renuncia al proceso judicial se deben a la dependencia económica del agresor o el miedo a enfrentarse a los agresores en el juicio.

En España, en el primer trimestre del año, 4.150 mujeres rechazaron declarar como testigos en procesos contra quienes fueron sus parejas. Eso no paraliza la acción penal, después de que la nueva ley reformara este aspecto para que el juicio no quedara en nada si la denunciante se echaba atrás. En la Comunitat fueron 617 las víctimas que optaron por no testificar contra los agresores de un total de 4.347 denunciantes. Es un porcentaje del 15%, el tercero más alto de España por detrás de Murcia (17,5% se retira) y La Rioja (algo más del 15%).

Tras estas renuncias es donde sitúan muchos especialistas la dependencia económica de muchas víctimas como detonante de esa decisión. También como explicación del descenso en las denuncias que se produjo el año pasado, tras muchos periodos de aumento. Ello no impide que las 4.300 denuncias presentadas en los tres primeros meses del año en la Comunitat hagan de esta región la cuarta con más casos por cada 10.000 mujeres. La tasa en la región es de 16,40, frente al 22,83 de Canarias (la que más denuncias acumula), el 19,49 de las Islas Baleares y el 18,56 de Murcia.

Llama la atención un dato: la preponderancia de los malos tratos no sigue criterios estrictamente poblacionales. Cataluña, Madrid o Andalucía, las regiones que más habitantes tienen, no son las que más denuncias acumulan. La estadística hace encenderse otra señal de alarma: la sociedad no acaba de implicarse en la lucha contra el maltrato. Seis de cada diez atestados policiales en España se inician por denuncia de las víctimas. Ni familiares ni vecinos, muchos testigos de las agresiones. «Cuando hay una muerte se critica que falla la policía. ¿Y los ciudadanos que ven agresiones u oyen palizas, ¿no fallan?», se pregunta un agente de Valencia con una década de experiencia contra el maltrato.

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