Las nuevas medidas educativas de Marzà acaban en los tribunales de justicia

El primer año del Gobierno del Botánico ha sido convulso en materia educativa, hasta el punto de que varios de los grandes cambios ideados desde el Consell han acabado en los tribunales. El último en conocerse se refiere a las nuevas normas de admisión de alumnos. Más allá de que la justicia dé o quite razones, la cantidad de litigios da idea del choque de posturas existente en la enseñanza valenciana.

Padres católicos contra los cambios en la admisión

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) presentó el 13 de junio contenciosos contra el decreto y la orden de admisión. Como explica el presidente Vicente Morro, la idea es «recurrir todo lo que haya supuesto limitación del derecho a la libertad de elección de modelo educativo y de centro escolar». Las normativas implican derogar el distrito único y volver a la zonificación, no incluyen prioridad de escolarización por traslado forzoso de la familia y tumban la consulta a los padres en caso de cambio de programa lingüístico. Serán algunos de los argumentos a esgrimir una vez se formalice la demanda.

Las privadas se revuelven por la exclusión en las becas

La Universidad Católica San Vicente Mártir ha presentado un recurso por la vía de protección de derechos fundamentales contra las nuevas becas del Consell, que dejan fuera a los alumnos de los centros privados, salvo a los de Veterinaria. El Consell Jurídic ya advirtió de que el cambio puede atentar contra la Constitución o la legislación básica.

El viernes la vicepresidenta Mónica Oltra dijo respetar la decisión, señaló que el Consell debe «tutelar el derecho de los estudiantes de las públicas» y recordó que la Católica «no deja de ser una universidad privada que tiene sus intereses económicos privados». En cuanto a la CEU Cardenal Herrera, se está estudiando «la fórmula más conveniente para defender los derechos de los alumnos». Tampoco descartan ni el contencioso ni otras vías jurídicas.

El conflicto de los interinos sigue sin solución

Marzà se comprometió a impulsar un nuevo acuerdo de interinos más equilibrado, consciente de que parte del colectivo se siente agraviado por priorizar la experiencia sin tener en cuenta la nota de la oposición. La promesa no se ha concretado, lo que agranda la brecha dentro del mismo. La Asociación de Interinos Docentes por un Acuerdo Justo (Aidaj) mantiene recurrido el cambio de criterio respecto a la norma de 2013, que exigía tener la oposición aprobada, mientras que la agrupación Vía legal: Oposiciones 2015 ha pedido en el Tsjcv que de manera cautelar no se reordenen las bolsas tras las pruebas de 2016, pues supondrá que todos los aspirantes pasen por delante de los que se presentaron el año pasado y no cuentan con servicios prestados.

La eliminación de aulas concertadas, a un paso

Varios de los centros afectados por la eliminación de aulas concertadas en el arreglo escolar presentarán en los próximos días recursos en la sala de lo contencioso administrativo al considerar que la medida no se ajusta a derecho. Según fuentes de la Fundación San Vicente Mártir, que agrupa a los colegios diocesanos, el paso se confirmará si no se atienden los recursos de reposición presentados. El plazo ya ha vencido.

Enfrentamiento por el nuevo modelo de Infantil

La decisión de crear aulas de dos años en colegios públicos llevó a la patronal Feceval a presentar un recurso contencioso al considerar que se está vulnerando la libre competencia en relación al sector privado por tratarse esta de una etapa no obligatoria. Aunque defienden la necesidad de facilitar a las rentas bajas el acceso al primer ciclo de Infantil, argumentan que no debería utilizarse únicamente la red pública, sino crear un sistema de ayudas de base social, independientemente de la titularidad. También ha optado por la vía judicial la Asociación Estatal de Empresas de Asistencia y Educación Infantil (Adei).

El contrato de servicios más importante, paralizado

Una de las primeras medidas de Educación consistió en desistir de la adjudicación del nuevo contrato de transporte escolar en la provincia de Valencia, para el que ya existía una propuesta de la mesa de contratación, lo que provocó que las empresas afectadas, agrupadas en una UTE, hayan recurrido al Tsjcv. En materia de servicios, es la adjudicación más importante de la conselleria en lo que se refiere a la inversión.

Suspensión cautelar de la jornada continua

Fcapa también ha recurrido la norma que regula la jornada continua. Considera que se lesionan derechos fundamentales como el de la igualdad por el diferente trato que se da en la tramitación a los diferentes colectivos del centro. Además, ha pedido la suspensión cautelar.

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