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El Consell abre 14 expedientes sancionadores a una entidad que vende lotería sin permiso

La Subdirección General de Juego trata de atajar la actividad sin autorización de la Organización Impulsora de Discapacitados

DANIEL GUINDO

Lunes, 27 de junio 2016, 02:07

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valencia. La Organización Impulsora de Discapacitados, entidad de comercializa el denominado Euroboleto, tiene un serio frente abierto en la Comunitat: desde 2002 acumula ya 14 expedientes sancionadores por parte de la Conselleria de Hacienda, multas que suman en total un importe cercano a los dos millones de euros, por ejercer su actividad sin autorización, según la información proporcionada por la citada delegación a LAS PROVINCIAS. Una decena de expedientes se iniciaron entre 2012 y 2015, aunque el primero se remonta a 2002. Este año, además, ya se ha abierto otro que está pendiente de resolución.

La entidad se autodefine en su página web como «una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que lucha por la integración del colectivo de discapacitados en España, tanto físicos, psíquicos como sensoriales», y para conseguirlo, «da trabajo y sueldo digno a personas con algún tipo de discapacidad», principalmente a través de la venta de estos cupones.

Sin embargo, para la Subdirección General de Juego, dependiente de la Conselleria de Hacienda, ejerce su actividad al margen de la legalidad, de ahí que se hayan establecido las citadas sanciones que, además, cuentan con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que en 2015 desestimó dos recursos interpuestos por la OID contra las sanciones interpuestas por la Generalitat.

Además, el propio Ministerio de Hacienda ya sancionó a esta organización con 25 millones de euros por actividades ilícitas en el ámbito del juego.

Los expedientes abiertos por la Generalitat no es el único frente que esta organización tiene en la Comunitat. Diego N. M., un antiguo vendedor de lotería de la OID, ha demandado a la entidad en un juzgado de lo Social de Valencia porque, según figura en la denuncia, no estuvo dado de alta en la Seguridad Social durante el periodo que estuvo trabajando para la citada organización (entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de julio de 2015).

Diego reclama que se le reconozca este tiempo de cara a las cotizaciones para el desempleo y la jubilación. Como pago a su trabajo percibió el 30% de las ventas de cupones realizadas y ha denunciado los hechos a la Inspección de Trabajo. Sin embargo, hasta que no haya pronunciamiento judicial, la Seguridad Social entiende que no cabe proceder a la liquidación de las cuotas. La decisión todavía se demorará más de un año, ya que el juicio no se celebrará hasta el 6 de noviembre del próximo año.

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