Las Provincias
Vicente Soriano y Juan Soler. :: vicente martínez
Vicente Soriano y Juan Soler. :: vicente martínez

El detective del caso Soler ratifica ante el juez que Soriano ocultó su patrimonio

  • Un informe sobre sociedades opacas sustenta la querella contra el expresidente del Valencia por un delito de insolvencia punible

valencia. El director de la agencia de detectives Distrito 46, Juan de Dios Vargas, ratificó ayer ante el juez las conclusiones de su informe sobre la ocultación de patrimonio que realizó Vicente Soriano, presuntamente, ante una sentencia condenatoria por la frustrada venta de las acciones del Valencia CF. Vargas prestó declaración durante una hora aproximadamente en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia tras ser citado en calidad de testigo.

El dosier sustenta la querella presentada por una empresa de la familia Soler contra Soriano después de que este último alegara que no tenía dinero para pagar los 65 millones de euros, con los intereses incluidos, que adeuda por la compra de las acciones. La causa judicial está abierta por un delito de insolvencia punible.

El detective explicó al magistrado cómo Soriano ocultó sus participaciones en varias sociedades mercantiles con cambios en los titulares de las acciones. En la documentación entregada al juez, el expresidente del Valencia y su esposa figuran como responsables de un entramado mercantil con parcelas, viviendas y garajes en Valencia, Benidorm, Altea, Puçol, La Vila Joiosa, El Campello y La Nucía.

Según el informe, Soriano realizó transferencias de dinero desde Andorra a Suiza desde junio de 2009 hasta el verano de 2010. La cuantía de estas operaciones rondaría los 900.000 euros. Además, el empresario investigado fue interceptado en la frontera andorrana en abril de 2010 con 150.000 euros en su vehículo, aunque Soriano declaró que llevaba esa cantidad para una operación inmobiliaria que no llegó a materializarse. La Guardia Civil abrió un acta administrativa a Soriano y le dejó 400 euros para que continuara el viaje. El resto del dinero fue incautado por los agentes del paso fronterizo de La Farga de Moles, en la provincia de Lleida.

El expresidente del Valencia Juan Soler encargó el dosier para demostrar el patrimonio de Soriano con el objetivo de que otros inversores compraran la deuda. Posteriormente, el informe también se vinculó al plan de secuestro del empresario. La acusación particular solicita ocho años de cárcel para Soler, a quien considera el ideólogo de una conspiración delictiva, mientras que el fiscal pide nueve meses de prisión. El juzgado archivó el caso pero la Audiencia lo reabrió por la existencia de numeroso indicios de criminalidad en la actuación de los investigados.