El Consell veta a los universitarios de las privadas las prácticas en hospitales públicos

Otra vuelta de tuerca en el ámbito de la educación. Ahora le ha tocado a las universidades. Los estudiantes de las distintas especialidades de Ciencias de la Salud de instituciones académicas privadas no podrán realizar las prácticas en hospitales públicos. Sólo será posible que sigan esta parte de su formación en centros sanitarios de titularidad privada y en públicos de gestión privada (concesiones).

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, y el titular de Educación, Vicent Marzà, dieron a conocer ayer esta decisión que afectará a estudiantes de la Comunitat Valenciana matriculados en especialidades como Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología Clínica, Farmacia u Odontología.

Los representantes del Consell enmarcaron la medida, impulsada por los dos departamentos, en el proceso de adaptación al nuevo marco legal de las prácticas universitarias que viene determinado por el Real Decreto 420/2015 de 29 de mayo. Marzà recalcó que se trata de una norma de ámbito estatal.

Además, denunciaron que se han observado «graves irregularidades» en los convenios con las universidades privadas derivadas de la existencia de «convenios caducados» y de la vulneración de la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios.

Así, a partir de ahora la acción de la Generalitat, a juicio de los dos consellers, va a suponer cumplir la legalidad y poner «orden en el caos administrativo heredado de la anterior gobierno». La titular de Sanidad excluyó de las situaciones que denunciaron a las universidades públicas, que «sí cumplían la legalidad». En este caso, «únicamente se modificarán para adaptarlos al modelo del Real Decreto».

La principal consecuencia que se derivará del inicio del proceso para regular las prácticas de los estudiantes es que a partir del próximo curso académico los alumnos de las privadas quedan excluidos de su realización en centros sanitarios públicos. No obstante, los dos consellers insistieron en que los jóvenes que ya están cursando sus estudios podrán terminarlos con normalidad. Para ello se habilitarán fórmulas transitorias de colaboración con las universidades públicas.

Los alumnos de universidades públicas sí que podrán llevar a cabo sus prácticas en centros sanitarios públicos en función de una adscripción que se determinará en función de factores como la distribución territorial. Pero en el caso de las privadas, los consellers aseguraron que la ley «no permite» que sus alumnos reciban prácticas en centros públicos supervisados por profesionales sanitarios de la Conselleria de Sanidad.

Ello llevará a que las instituciones académicas de titularidad privada tengan que alcanzar acuerdos con los hospitales privados o los del modelo Alzira, en régimen de concesión. Todos ellos deberán estar acreditados para docencia universitaria.

El Real Decreto, según las explicaciones de los consellers, apunta que un hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto con una única universidad para impartir formación en una misma titulación. Ello es lo que, según expusieron, ha empujado a los dos departamentos del Consell «a denunciar todos los convenios y conciertos vigentes entre la Administración y las universidades».

Los cambios anunciados ayer por Montón y Marzà llegan sólo una semana después de que LAS PROVINCIAS preguntara -el día 23 de mayo- a la Conselleria de Sanidad sobre la situación en la que se encontraba llevar adelante el mandato de Les Corts en el ámbito de la regulación de las prácticas en las universidades. A ello el departamento autonómico respondió que estaba estudiando «la viabilidad jurídica y administrativa» de ese mandato de Les Corts.

El rector de la Universitat de València, en representación de la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas Valencianas, acompañó a Vicent Marzà y a Carmen Montón en su comparecencia ante los medios de comunicación. También participó Andrea García, vicepresidenta de la organización territorial del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

Los dos consellers, al explicar la situación «irregular» que se estaba produciendo, concretaron que respondía a la existencia de «convenios caducados» y la presencia de funcionarios públicos que no cumplían la ley de incompatibilidades porque invertían horas de trabajo en el sistema público de salud para sus funciones como tutores de las prácticas de los estudiantes. «Son incompatibilidades que no se pueden dejar pasar», aclaró Marzà.

La titular de Sanidad insistió en que «se ha venido permitiendo con sorprendente normalidad que una universidad privada contrate a un funcionario público para impartir docencia durante su jornada de trabajo en un centro público, lo cual no se ajusta a la Ley de Incompatibilidades del personal de la Administración». Frente a ello mantuvieron que la legislación en este asunto «es muy clara». Aseguraron que la «figura de tutor de prácticas está muy delimitada y sólo tiene cabida entre entidades públicas».

Comisión mixta

La colaboración entre las dos consellerias en esta materia fue otra de las cuestiones que ayer saltaron a la actualidad al abordar las novedades que acompañarán la realidad universitaria a partir de la aplicación de los cambios. Los dos consellers señalaron que hasta ahora no había existido esa relación. Apuntaron como ejemplo de ello la necesidad de disponer conjuntamente de datos de alumnos en prácticas y también de los profesionales que participan en los programas de prácticas.

Marzà anunció la constitución de una comisión mixta para llevar a cabo la reorganización. Insistió en que la consecuencia de este proceso será que a partir del próximo curso la oferta de plazas de las universidades deberá ser «coherente» con su capacidad para realizar las prácticas. En su opinión, ello permitirá garantizar la «calidad de las prácticas, la buena atención y el derecho a la intimidad del paciente y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios».

Ante la posibilidad de que las medidas que ahora van a afectar al ámbito universitario intensifiquen las críticas del ámbito de la enseñanza privada el titular de la Conselleria de Educación, apuntó que se encuentra «muy tranquilo» porque están «cumpliendo la ley».

La política de becas del departamento autonómico que dirige Marzà también fue objeto de preguntas de los medios de comunicación. Como ya informó LAS PROVINCIAS, la orden que regula las ayudas a los alumnos de las privadas ha recibido alegaciones de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir por considerar que «no se ajusta a derecho» y que es «discriminatoria».

Sin embargo el conseller aclaró ayer que con su plan de becas «se está demostrando que se mira por el estudiante, por mejorar la educación y dentro de la normalidad de lo que se hace en todo el mundo». Respecto a la calificación que ofrece la Católica a la orden de Educación, Marzà respondió que se trata de una consideración que «no responde a la realidad». Y añadió que «cualquier universidad privada de este mundo si quiere captar talento, personas con capacidad intelectual que no se lo pueden pagar, tiene su propia política de becas».

No obstante, recordó que se han dado casos en la Comunitat Valenciana de que alguna universidad haya incrementado sus becas propias y señaló que está «muy contento de que lo haga desde su capacidad para poder captar a una parte del estudiantado».