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Entrada al colegio Jesús-María de la Fuensanta, que pierde dos aulas el curso que viene. :: escacv
El cierre de aulas concertadas desata una oleada de alegaciones y críticas

El cierre de aulas concertadas desata una oleada de alegaciones y críticas

El sindicato USO habla de «persecución» y los colegios diocesanos, con nueve afectados por los recortes, denuncian que se quiere trasvasar alumnos a la red pública

J. BATISTA

Jueves, 28 de abril 2016, 00:04

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Las escuelas concertadas han levantado la voz. Durante el día de ayer se sucedieron las reacciones contra la propuesta de supresión de aulas en los colegios de la red dentro de la planificación escolar del curso que viene.

La Fundación San Vicente Mártir, que aglutina a los centros dependientes del Arzobispado, trasladó su «inquietud, malestar y preocupación» ante los recortes en nueve de sus colegios, mientras que el sindicato USO CV deslizó que ha existido «persecución». Las Ampas, a través de la federación Fcapa, cargaron contra lo que consideran un «recorte directo de la libertad de elección», y la patronal Escuelas Católicas, la mayoritaria en la Comunitat, puso el foco en el perjuicio que supondrá para dos centros del barrio valenciano de la Fuensanta, que ven peligrar su proyecto de inclusión social.

En todos los casos se han presentado alegaciones contra las intenciones de Educación (hay de plazo hasta mañana), y no se descartan otras acciones como concentraciones o quejas ante el Síndic en caso de que no prosperen las reclamaciones. Sin olvidar las recogidas de firmas, físicas y electrónicas.

Desde la fundación de los colegios diocesanos, el gerente Miguel Ángel Coello dijo que no preocupa tanto el hecho de suprimir unidades «allí donde por circunstancias no hubiera alumnos, sino los criterios por los cuales se proponen las reducciones». Se refirió a que en muchos casos la eliminación se ha justificado en que se ha producido una disminución en un solo curso «y se considera que ese descenso se va a producir siempre».

También puso el ejemplo de un centro de Catarroja al que proponen el cierre de un aula de 1º de Infantil cuando tienen 18 alumnos matriculados y todavía no ha empezado el proceso de admisión. «Lo que se busca es un trasvase de alumnos de la enseñanza privada concertada a la enseñanza pública, totalmente en contra del texto constitucional», dijo, antes de destacar que ambas redes son complementarias.

Los nueve colegios diocesanos que pierden unidades son el Claret de Xàtiva, San Antonio de Padua de Catarroja, San Juan Bosco de Valencia, el Salvador de Alcoy, Sagrado Corazón de Jesús de Chella, La Baronía de Gilet, San Antonio Abad de Canals, Nuestra Señora del Socorro de Benetússer y el Juan XXIII de Burjassot. La fundación trabaja en la presentación de alegaciones «con argumentos jurídicos» para que «se atienda la demanda de las familias».

En el mismo sentido, la Federación Católica de Ampas de Valencia (Fcapa), ha ofrecido a todas las asociaciones de padres el asesoramiento legal que puedan precisar y destacaron que desde el sector se busca «dar las mejores y más contundentes respuestas ante esta gravísima situación». Además, consideraron que el arreglo «supone un recorte directo en las libertades y derechos de las familias, alumnos y titulares».

Por último, criticaron que a diferencia de la planificación de la red pública, a la concertada «se le ha hurtado la posibilidad de que sus alegaciones puedan recibir el apoyo y aval que sí han recibido las alegaciones efectuadas por los afectados» del primer sector citado. Se referían a que en estos casos también se han pronunciado los consejos escolares municipales, de ahí que Fcapa esté recopilando reclamaciones para presentarlas en estos organismos y conseguir el apoyo de sus consejeros, incluidos los de la red pública.

También fue especialmente contundente el sindicato USO CV. Como las anteriores organizaciones, remitió un comunicado en el que trasladaban su «indignación» por el recorte de unidades situadas en barrios desfavorecidos (citaron la Fuensanta, Ciudad de Asís en Alicante y San Isidro en Orihuela) pese a tratarse de centros de referencia por su labor social y asistencial. También añadieron que «de modo unilateral y sin criterios claros, a menos que la persecución sea un criterio, se pretende eliminar unidades en poblaciones en las que los centros tienen alumnos suficientes para seguir en funcionamiento, vetando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos». Una queja extendida en el sector es que las unidades desaparezcan en base a previsiones, es decir, sin tener en cuenta las nuevas altas en la admisión.

USO CV critica también que no han tenido acceso a la información que se ha valorado para decidir las eliminaciones. Por último, denuncian que hay colegios que por su cercanía a Escola Valenciana «han sido favorecidos por esta administración a pesar de haber sobrada oferta en sus municipios».

Por otro lado, las recogidas de firmas por internet en favor de colegios afectados siguen sumando adhesiones. Ayer se inició una campaña en favor del Socorro de Benetússer, que se suma a otras cuatro impulsadas en los últimos días.

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