Las Provincias

Sanidad inicia una ofensiva para fiscalizar la gestión de los hospitales concertados

Hospital de Alzira.
Hospital de Alzira.
  • Las multas podrían alcanzar los 600.000 euros y se iniciarán auditorías estipuladas en contratos «que no se han puesto en marcha»

Penalizar incumplimientos de contrato o posibles deficiencias de los hospitales públicos de gestión privada y mirar con lupa cuentas y calidad asistencial. La Conselleria de Sanidad está dispuesta a llevar un «control riguroso» de estos centros tras asegurar que el anterior gobierno autonómico «no auditó las concesiones y renunció a sancionar».

Aunque los detalles de esa penalización y sus cuantías están todavía por determinar, Sanidad toma como referente la comunidad de Madrid, donde existen concesiones sanitarias similares y se prevén castigos a las empresas de hasta 600.000 euros en caso de faltar a lo estipulado. Así lo expuso ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, tras anunciar la publicación de los contratos y pliegos de estas concesiones en el portal de transparencia de la Generalitat. Se refiere a hospitales del modelo Alzira, como los que existen también en Torrevieja, Dénia, Elche o Manises. Atienden a un 20% de la población valenciana.

«El acceso a estos contratos», describió Montón, «no estaban a la luz pública y hoy sí, después de 17 años». Tras revisarlos, a los nuevos responsables de Sanidad les inquieta «la renuncia de la Administración de contar con capacidad sancionadora ante posibles incumplimientos o actuaciones potencialmente punibles».

Según lamentó, «no se incluyó en los contratos un regimen de penalizaciones pormenorizado». Sanidad pretende equiparar sus reglas de juego a las marcadas por la administración madrileña, donde sí se prevén estas penalizaciones. Montón puso el ejemplo del Hospital de Torrejón, «con un régimen de penalidades que incluye multas de hasta 600.000 euros».

En opinión de la consellera, «la falta de un régimen de penalizaciones dificulta tanto la imposición de sanciones como justificar una resolución anticipada del contrato». Dos departamentos que la consellera no quiso precisar «nos han solicitado medidas de control que renunció a aplicar la anterior administración».

Además, los contratos sacados a la luz estipulan que el adjudicatario «deberá someterse a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat Valenciana». Sin embargo, denunció Montón, «no consta documentación de tales auditorías integrales». Según Sanidad, «no se han puesto en marcha». «Nunca se realizó auditoría de cuentas ni inversiones y nunca se realizó una auditoría asistencial», dijo Montón.

En este punto, fuentes de los hospitales concertados revelan que «ya existen los llamados acuerdos anuales de gestión, donde Sanidad mide el funcionamiento de los 24 departamentos de salud de la Comunitat». Si bien celebran que se hagan públicos los documentos, consideran que los planes de penalización y las auditorías obedecen, más bien, «a una fachada política que a una necesidad real». Además, el Hospital de Alzira asegura que ya envía anualmente a la Generalitat los datos contables del centro, poniendo en entredicho las afirmaciones de la consellera.

El plan de Sanidad es fiscalizar las liquidaciones anuales de las áreas privatizadas entre los ejercicios de 2003 y 2012 y evaluar cuestiones como demoras, reintervenciones o reingresos. A preguntas de los periodistas, Montón no supo aclarar si la deuda de estos hospitales concertados con proveedores es mayor o menor que la de los públicos.

Pese al mayor control, la consellera dejó muy claro que no se renovarán los contratos con los hospitales concertados. La llamada «reversión a lo público» sigue adelante pese a la incertidumbre que reina entre los trabajadores. «Es pronto para saber cómo se va a hacer», admitió la responsable de Sanidad.