«Reducir los conciertos condenará a muchos colegios al cierre»

José Manuel Boquet preside Feceval desde hace una década. Como representante de gran cantidad de centros concertados y escuelas infantiles, no oculta la incertidumbre del sector ante los mensajes que se lanzan desde la Conselleria de Educación. La última prueba la tuvo en la asamblea general de la organización, donde los asistentes trasladaron "la preocupación existente porque se observa que el gobierno desliza medidas gravosas sin consultar a patronales o centros".

-¿Ha existido barra libre en la autorización de conciertos en años anteriores, como dijo el conseller?

-Evidentemente no. El número de aulas no ha crecido de forma espectacular, ni mucho menos. En el último año las solicitudes para FP se denegaron y en los anteriores se ha cuidado sólo el crecimiento vegetativo. Sí ha aparecido algún centro nuevo, pero puntualmente.

-¿Qué relación debería existir entre las redes pública y concertada? ¿Equilibrio? ¿Complementariedad? ¿Subsidiariedad?

-Quizá complementariedad. Pero la presencia mayor o menor de un sector tiene que depender de la elección de las familias. Al elegir marcan los centros que mejor trabajan, son más eficientes o destacan. Eso sí, en la situación actual hay espacios que no puede cubrir la iniciativa privada, como los rurales. Sobre todo ante la realidad del concierto.

-Llevan años denunciando que no cubre los gastos generados. Pero ni el PP se ha decidido a mejorarlo. ¿Ha sido una decepción?

-En parte sí. Para la administración es muy cómodo que las familias suplan las deficiencias del módulo de gastos, que todo el mundo reconoce que es insuficiente. Aunque tenemos uno de los más altos de España, como recordó el conseller, no cubre más que las dos terceras partes. Y naturalmente los centros tienen que buscar otros ingresos. Pueden provenir de las aportaciones, siempre voluntarias, de las familias. Pero es injusto, porque aquellos de zonas económicamente deprimidas no pueden recurrir a esta vía, y tienen que hacer lo posible para su mantenimiento mediante actividades de otro tipo, por ejemplo, con cursos externos, lo que obliga a tener el centro abierto doce horas al día con el consiguiente esfuerzo para titulares, directivos y personal.

-¿Cómo se puede conseguir que la enseñanza concertada sea del todo gratuita, como planteaba Marzà?

-Sin duda la única vía es actualizar el concierto para aproximarse lo máximo posible al gasto real.

-El conseller se refería a estas aportaciones. ¿Apoyaría regularlas?

-Ya están reguladas. Desde la Logse se recoge que el centro puede recibir aportaciones voluntarias, incluso puede tener exceso de ingresos en actividades complementarias o extraescolares siempre que se destinen a mantenimiento y mejoras. Atacar estas aportaciones es válido si son obligatorias, pero no lo son.

-El programa de Compromís prevé la supresión progresiva de conciertos en Bachillerato y FP. ¿Cree que lo llegarán a cumplir?

-No lo sé. El programa es claro, pero confío en que ocurra lo mismo que cuando el partido socialista llegó a la Generalitat. Al principio juzgaban a la iniciativa privada como algo nefasto, pero comprendieron la función social que desarrollamos, que había que tener en cuenta a las familias, y al final se trató al sector igual que lo ha tratado el PP. Pero la amenaza está ahí. Ya se han dado pasos, como las aulas públicas de dos años, que afectan a la base de la educación concertada. Si se generaliza, existirá la opción de escolarizar a hijos en centros privados con costes relativamente altos al contar con poco alumnado y una oferta pública gratuita de centros que hará que muchas familias tiendan a matricular a sus niños, donde se quedarán.

-Oficialmente se busca atender perfiles económicamente desfavorecidos, no fidelizar alumnado.

-Quiero dejar claro mi argumento. Nunca iremos contra la gratuidad de la enseñanza. Parece ser que el 70% de los nuevos alumnos no estaban escolarizados, así que bienvenida sea. Lo que no es de recibo es que se niegue la gratuidad a unos niños por no escoger la red pública. ¿No sería mejor que se ofrezca a todos, con un bono infantil que alcance la gratuidad para que no haya distinciones, seguramente con un coste menor que el de este proyecto?

-¿Qué aporta la red concertada a un sistema educativo?

-No es tanto lo que oferta, como un servicio de calidad y eficiente. Lo que fundamenta su existencia es la pluralidad. ¿Cómo sería un país en el que todos los medios de comunicación fueran públicos? La pluralidad es esencial para la democracia.

-También se ha dicho que los conciertos en la Comunitat son de los más altos de España. ¿Es un aviso?

-En su derecho estarían de bajarlos al quedar por encima del mínimo que fija el ministerio, pero sería una flagrante injusticia. Implicaría reducir los ingresos de la red y aumentaría las aportaciones de los padres, y muchos centros de zonas más desfavorecidas, donde desarrollan una gran labor social y no podrían hacerlo, quedarían abocados al cierre.

-¿Eliminar el distrito único es atacar la libertad de elección?

-Quitarlo es irracional. Por la sencilla razón de que la zonificación distrito a distrito genera guetos. Si en un centro de zona deprimida se fomenta que vayan alumnos de esa zona estamos creando una problemática específica. Lo mismo pasa con el ejemplo al contrario: generamos centros de primera y segunda. Con el distrito único más del 90% de solicitudes se han atendido en la primera opción. Y con las zonas se llenan centros que a lo mejor no se llenarían si esas familias tuvieran más opciones de elegir. Y eso es perder una referencia importantísima para valorar la calidad de un colegio.

-¿Le preocupa la investigación sobre supuestos pagos irregulares a formadores de las patronales?

-Parece que en lugar de presunción de inocencia la hay de culpabilidad, algo que puede dañar la imagen de estas instituciones. Ese personal se deriva de un convenio ministerial que se renovó luego en las comunidades a partir de 2003. Desde 2010 la administración no nos presentó la firma y se nos dijo que no nos preocupáramos, por lo que se continuó funcionando. Al fin y al cabo, era una prórroga tácita entre las partes, con las mismas condiciones. Y luego en 2014 por parte de Compromís se detectó la situación. Si era irregular lo era a nivel administrativo, porque había pagos no referidos en un documento concreto.