Las Provincias

Un directivo del Instituto Geológico dice que conocía el informe que alertaba del riesgo sísmico de Castor

  • El informe del Observatorio del Ebro de 2005 proponía, además, una serie de medidas correctoras como la instalación de testigos

El responsable del Instituto Geológico y Minero (IGM) José Antonio Fernández Sánchez, que participó en la elaboración del informe remitido al Ministerio para la aprobación del proyecto Castor, ha reconocido ante el juez que conocía un documento del Observatorio del Ebro que alertaba de riesgo sísmico.

Así lo ha explicado a EFE la abogada de la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, Fanny Conde, tras la comparecencia de Fernández en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor.

Fernández, que ha comparecido en relación con su responsabilidad como director de Recursos Minerales y Geoambiente del IGM, es el segundo de los 18 imputados citados a declarar en esta causa, que se inició a raíz de una denuncia interpuesta de oficio por la Fiscalía de Castellón tras la serie de seísmos que se produjeron frente a las costas de Vinaròs en octubre de 2013.

El imputado ha rechazado hacer declaraciones a su salida de los juzgados de Vinaròs, aunque en la sala ha respondido a las preguntas de las acusaciones y a su abogada, mientras que el resto de las defensas no han realizado preguntas y el juez no ha acordado ninguna medida sobre el imputado tras la vista.

Según la letrada de esta acusación particular, Fernández ha reconocido que conocía la existencia del informe del Observatorio del Ebro de 2005 que alertaba de un posible riesgo de actividad sísmica y proponía una serie de medidas correctoras como la instalación de testigos para controlar los posibles seísmos y la realización de prospecciones.

En octubre de 2005, el Observatorio del Ebro de Roquetes alertó, en el informe realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén de gas natural, que la actividad que contemplaba el proyecto Castor se consideraba a nivel mundial como "potencialmente inductora de terremotos".

Según Conde, el imputado, que participó en la elaboración del informe del Instituto Geológico y Minero (IGM) que fue remitido al Ministerio para la aprobación del proyecto Castor, ha explicado que se examinó la documentación aportada por Escal, pero no realizaron ningún trabajo para comprobar que la propuesta de la empresa, la cual sostenía que no había riesgo sísmico, era correcta.

El primero de los imputados en declarar en esta causa fue el ingeniero coordinador del informe del IGM elaborado en 2007 y que fue remitido al Ministerio para la aprobación del proyecto, Jesús Gómez de las Heras, quien compareció ayer ante el juez y manifestó que desconocía por completo la existencia de riesgo sísmico en la zona.

El próximo imputado en comparecer será Roberto Rodríguez Fernández, también vinculado al IGM, quien está citado ante el juez este jueves.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta, afirmó ayer que el proceso de instrucción del caso deberá "reconstruir toda la historia de la tramitación del proyecto y que ha desembocado precisamente en algo que no se debía haber producido y se debía haber hecho una tramitación adecuada".

Cuesta explicó que el proceso deberá esclarecer "la responsabilidad en la que han podido incurrir tanto la Administración como posteriormente la empresa".

En la causa están imputadas 18 personas, entre ellas responsables del IGM, ex altos cargos del Ministerio de Industria y Medio Ambiente y miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos su presidente, Recaredo del Potro.

La Fiscalía apreció indicios delitos de prevaricación medioambiental y contra el Medio Ambiente y los recursos naturales.

La Fiscalía es una de las partes personadas, junto a dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular, la Abogacía del Estado en representación de los funcionarios imputados y dos abogados de Escal -uno para Recadero del Potro y otro para el resto de trabajadores de la empresa-.