La Audiencia expulsa a Ferrocarrils de la causa del metro a los nueve años de personarse

Había sonado ya ruido de sables por parte de las víctimas y de la propia Audiencia de Valencia contra la posición de la Abogacía de la Generalitat en la causa judicial por el accidente del metro. Pero el aldabonazo definitivo ha llegado ahora con un auto de la sección segunda. El tribunal ordena la expulsión del proceso de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (lo que significa la salida del abogado de la Generalitat que representaba hasta ahora sus intereses) «por carecer, en este momento, de la necesaria legitimidad procesal», como recoge el auto de la Audiencia.

El auto supone además una nueva corrección a la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, encargada de la investigación del siniestro que causó la muerte a 43 personas, y que ya rechazó hace unos meses la expulsión de FGV y de la Abogacía de la Generalitat al considerar a Ferrocarrils legitimado para estar en el proceso. La juez esgrimió entonces «el derecho de defensa» y su «interés legítimo en demostrar que el delito no existe» como razones para permitir a la empresa su presencia en esta fase judicial.

La instructora añadía que la personación de la abogacía de la Generalitat había sido «consentida por todas las partes desde el inicio del procedimiento». FGV llevaba en la causa desde el 10 de julio de 2006, apenas una semana después del accidente. Las familias de las víctimas ya habían solicitado su expulsión porque la abogacía «no puede ser defensa porque no hay responsabilidad civil declarada» y no puede actuar como acusación porque sería «fraude procesal», al estar «realizando tareas de defensa». La Audiencia ya criticó en una resolución el papel de los letrados autonómicos y se preguntó también si actuaban como acusación o como defensa.

Ralentización del proceso

Fue el paso previo al auto de expulsión ahora dictado, después del recurso presentado el abogado particular de un familiar y al que se adhirió la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J). La Audiencia subraya el «carácter contingente y accesorio de la figura del responsable civil subsidiario». Es decir, que la ley considera opcional y no obligatoria su presencia en la instrucción. El tribunal estima que, hasta ahora, la intervención de FGV se ha visto «beneficiada de la permanente indefinición de la postura procesal con la que venía interviniendo, lo que ha supuesto que hasta la fecha pudiera tener cabida la posibilidad de que actuara también como parte acusadora en la causa».

El auto incluso pone sobre la mesa el hecho de que Ferrocarrils pueda haber estado ralentizando con su presencia y recursos el buen ritmo de la instrucción. De hecho, la resolución (que es firme y contra laque no cabe recurso) expone como otro argumento de la expulsión «la siempre deseable agilización del procedimiento».

La propia Abogacía de la Generalitat y los tres directivos de FGV imputados se opusieron al recurso de las víctimas alegando que la salida de Ferrocarrils generaría «indefensión» a dicha parte. El tribunal rechaza su argumento y señala que tan situación no se produce porque «todavía no se ha ejercitado la acción civil que podría determinar la responsabilidad civil subsidiaria de FGV».

La Audiencia también echa por tierra el argumento de que la Abogacía estaría velando por FGV y comparar su situación con la de los tres directivos imputados. «No se puede equiparar, sin más, la condición de FGV con la de los imputados en la causa, por más que estos fueran empleados suyos», concluye.

Obstaculizar la investigación

La AVM3J calificó ayer de «muy buena» la noticia. La asociación critica que la Generalitat «actuara en este proceso como defensa de la empresa cuya gestión ocasionó la muerte de 43 personas y causó heridas a otras 47, obstaculizando la investigación que podría poner en evidencia esa gestión, que podría establecer la responsabilidad penal de los dirigentes de FGV en esas muertes».

Las víctimas aseguran que los abogados de la Generalitat «se han dedicado a defender los intereses de FGV, impidiendo se investigara cualquier causa que pudiera señalar como responsable a alguien que no fuese el conductor». Su petición es que el Consell represente «a todos los valencianos y valencianas, no sólo a los directivos de FGV que se podrían ver salpicados por su responsabilidad en la muerte».