El colapso de las residencias en la Comunitat

Hasta dos años. Ese es el tiempo que tarda en recibir una persona mayor la notificación de que puede entrar en una residencia de ancianos pública o concertada, en su defecto, por la conselleria. Incluso, ha habido casos en los que el tiempo de espera ha sido todavía mayor.

Héctor Estruch es plenamente consciente de lo que sucede. Su madre pidió la prestación por minusvalía en abril de 2011. "Estuvo alrededor de un año para que le reconocieran el derecho y el grado de dependencia que tenía, pero luego para que le notificaran la resolución final con el PIA (Programa Individual de Atención que determina las mejores modalidades de atención para una persona) pasaron más de cuatro años". El pasado 10 de enero de 2015, falleció por causas que nada tenían que ver con su dolencia. Cuatro días después, "recibió la notificación" de que estaba aceptada.

Todo ello, no hizo más que aumentar la frustración que vivía en esos momentos la familia de Héctor, que no entendía por qué su madre no había sido atendida por la Administración, cuando sus derechos habían sido reconocidos. "Desde una edad muy temprana sufría Alzheimer severo. Seguía en casa, aunque debería haber estado en una residencia donde hubiera recibido toda la atención que una persona así necesita. Dos mujeres se encargaban de cuidarla hasta que decidimos que entrara en un centro cercano a la Seo. Posteriormente la trasladamos al de Nuestra Señora del Puig", que forma parte de los de Aerte.

Con la ayuda de esta entidad empezaron a hacer fuerza para buscar la prestación que le pertenecía. Sin embargo, la consiguieron demasiado tarde. "Se trata de una circunstancia que se da más a menudo de lo que sería deseable", reconoce en ese sentido José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias (Aerte) de la Comunitat. "El problema de mi madre fue que todavía no tenía los 65 años", aunque no debería ser un impedimento "para percibir su derecho".

Estruch no sólo se vio obligado a pasar "cuatro años en vilo", sino que el caso tuvo momentos que dejan huella por surrealistas y "kafkianos", como él los denomina. "Con los papeles en la mano, cuñados por la conselleria, nos llegaban a decir que era documentación que no existía", por lo que decidieron acudir al Síndic de Greuges. "Le remitimos nuestras quejas, pero tampoco recibió respuesta alguna", lamenta.

Casi un 60% sufragadas

En definitiva, los expertos aseguran que las residencias se encuentran colapsadas. En toda la Comunitat hay 333 en estos instantes, con algo más de 27.000. De todas ellas, la Generalitat sufraga casi el 60%, concretamente 15.983.

Pese a todo, la Administración no consigue dar salida a los expedientes, de modo que la demanda se sitúa muy por debajo de la oferta existente. El gerente del Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Carmen, Sergio Moreno, explica que en su caso, "las plazas concertadas están todas ocupadas (de las 106 que tienen, 40 son subvencionadas), pero la lista de espera es grande, sobre todo para las públicas".

De hecho, recalca que cada mes "vienen unas 50 personas o familias a pedir información. La mayoría busca las plazas públicas que se encuentran dentro del circuito de la dependencia, pero mientras no cambie la situación, no se puede hacer mucho", detalla el administrador de la residencia adscrita a Lares, una asociación de instituciones que se rigen por ser "ajenas a todo interés lucrativo", se describen. Es decir que los beneficios se revierten en las instalaciones.

Con todo ello, cabe destacar que el sector ha sufrido sobremanera en los últimos años en la Comunitat, lo que les ha llevado a convocar manifestaciones multitudinarias en las que reclamaban el pago de las ayudas que habían sido ofertadas y aceptadas, pero que tardaban muchos meses, e incluso años, en llegar. Tantos derechos han perdido los dependientes valencianos que en el último informe sobre la situación de los servicios sociales, la región ocupa la peor posición posible, con 0,6 puntos sobre un total de 10.

En lo que a plazas residenciales (generales) se refiere el ratio en 2013 era de 3,07 por cada cien mayores de 65 años, muy por debajo de la media nacional, situada en los 4,31. En cuento a las públicas, las cifras no mejoran, pues había 0,63 por cada cien ancianos, por el 1,15 de media estatal. Así, la puntuación obtenida fue de 0.

"El problema es que, como no hay dinero, no se puede avanzar, y la situación se ha bloqueado", asegura José María Toro, quien reclama mejoras al nuevo Consell para poder revertirla. Como resulta lógico, a las empresas les "preocupa el tema económico y de financiación, puesto que supone un serio problema. Los pagos por parte de la Administración no están, por lo general, en regla. Entendemos que necesitan tiempo, pero nosotros también una respuesta a ello, porque hay facturas pendientes", insiste.

No se trata de las únicas modificaciones que reclaman. Otro aspecto importante que demandan reside en las plazas públicas, ya que las subvenciones que ofrece la Generalitat a los centros concertados (que suponen la mayoría) no cubre los costes. Los que tienen personal "de enfermería las 24 horas reciben 53,30 euros por usuario al día", mientras que al resto les abonan 51,29. Sin embargo, el coste real, según un estudio desarrollado por Lares, "es de 61 euros", apunta Sergio Moreno. De modo que se ven en la obligación "de echar mano de las plazas privadas, que en la gran mayoría de centros no están completas. Sobre todo a partir de la crisis, la gente dejó de venir y todavía hay muchas plazas vacías".

Libre elección

En referencia a los usuarios, desde ambas instituciones recalcan que también son imprescindibles los cambios. En estos instantes, la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives otorga la plaza a la persona mayor dependiente en el centro que considera más oportuno, algo que no comparten los gerentes de las asociaciones de residencias. "Consideramos que cada uno debe poder escoger el centro que más le guste o más le convenga porque tiene a sus familiares cerca o porque prefiere el servicio que le ofrecen", advierten los dirigentes.

"Muchos de los que hay aquí prefieren quedarse, porque se hace muy complicado cambiar cuando ya te has adaptado a un lugar, pero es difícil cuando te cuesta dinero". Pese a todo, también "hay gente que ha vuelto a casa", reconoce Moreno.

En ocasiones, los ancianos dependientes que necesitan ayuda para sus tareas diarias, directamente acuden a una residencia privada y abonan su coste "mientras se encuentran a la espera de que Servicios Sociales les ofrezcan una plaza, aunque los hay que antes de recibirla fallecen", insiste el gerente de Nuestra Señora del Carmen, junto a la playa de la Malvarrosa, que contrasta, de este modo, la historia de Héctor Estruch.

A estas circunstancias, debe añadirse que el "plazo de vida de una persona mayor y dependiente es menor de lo habitual. Esto, efectivamente, ha provocado que muchas mueran sin haber tenido la calidad de vida que merecían y a la que por ley, tenían derecho, explica Toro. Otro fenómeno que se ha producido en los últimos años es que muchos ancianos "han abandonado los centros porque su pensión era la única fuente de ingresos de su familia y con ella comían todo", asegura.

Aerte cuenta con alrededor de 11.000 plazas de residencias de mayores, buena parte de las mismas con menos de cien usuarios, aunque los hay para más de 400. Además, enmarca también centros de día, de salud mental o viviendas tuteladas, entre otros, que suponen unos 12.000 empleados. Con ello, su gerente recalca que se trata de "un sector que va a ir a más, puesto que cada vez la gente es más mayor. Por tanto, se van a generar puestos de trabajo, va a permitir crecer a la economía y, al mismo tiempo, que las personas tengan la mejor atención posible", razona.

Asimismo, estiman que puede haber 4.000 plazas sociosanitarias (privadas con concierto) desocupadas en la Comunitat y que su cobertura supondría unos retornos directos a las administraciones públicas de 80 millones de euros. Es decir, que ayudaría a incrementar los ingresos al Consell.

Antes, hasta 5 años

Entre sus centros se encuentra el de Nuestra Señora del Puig, en Valencia. Su dirigente, Marcos Simón, confirma que la situación "actualmente se encuentra bloqueada, con expedientes esperando desde 2013". Además recuerda un dato fundamental: "la normativa actual establece que en seis meses deben valorarte". En estos momentos los documentos llegan pronto, pues "ha habido veces que han tardado hasta cinco años".

Por su parte, las de Lares son residencias del sector solidario y, por tanto, no distribuyen beneficios. Cuentan tanto con plazas concertadas como públicas, "aunque fundamentalmente son subvencionadas", por la Generalitat resalta el presidente en la Comunitat, Sergio Cañellas. En todo el territorio valenciano se reparten 45 centros, con alrededor de 2.550 usuarios, de los que 1.358 reciben ayudas por parte de Servicios Sociales.

En las residencias privadas, por el contrario, el ingreso es inmediato, aunque como es lógico, no cubren todas sus plazas. "La situación ha mejorado y eso permite no ir tan con el agua al cuello como antes", admite Sergio Moreno. Así le sucedió a Ángela, que como consecuencia del atropello de un autobús, estuvo a punto de perder el brazo, pues se lo aplastó el vehículo.

"Los médicos decían que la única solución era amputar, pero al final no fue necesario", admite la víctima con alivio a este periódico. Pese a todo, después de pasar tres meses en el hospital, dejó de poder hacer su vida normal y decidió entrar en una residencia a la espera de que le otorgaran el grado de dependencia. "Estaba sola en casa y no me sentía bien, por eso decidimos que lo mejor era buscar una residencia. Entre mi nieta y mi nuera se encargaron de todo", de modo que desconoce cómo sigue su proceso.

Centros para expedientes

Las residencias para "personas mayores dependientes" de la Comunitat, por ley -exactamente por la Orden del 4 de febrero de 2005 emitida por la entonces Conselleria de Bienestar Social-, pueden ofertar un máximo de 150 plazas, aunque destinadas "a Unidades de Alta Dependencia no podrán existir más de 40" y prestarán "una asistencia según las necesidades y el nivel de dependencia de los residentes".

Entre los requisitos mínimos que establece la normativa destaca que el "alojamiento incluirá la limpieza de las instalaciones" así como de la "ropa de los usuarios". Los centros están obligados a asegurar "la correcta nutrición" de los inquilinos y debe haber servicios médicos, de enfermería, fisioterapia, psicología y atención social. Todos ellos con un mínimo de horas en relación a las plazas ocupadas en sus camas.

Con todo ello, los mayores cuentan con atenciones que son difíciles de encontrar en sus casas, puesto que los familiares no cuentan con los conocimientos, ni el tiempo necesarios para poder llevarlos a cabo en condiciones.

Esto provoca que muchos ancianos se muestren encantados de vivir en una residencia, que como recalca una trabajadora de Nuestra Señora del Carmen, "no tienen nada que ver con los asilos de antes. La gente tiene que saberlo, porque aún piensan que sí", insiste. Esta empleada lleva la silla de ruedas de Isidra Gil, una maña de 90 años, que irradia felicidad y que narra su vida con claridad meridiana. Sobre todo, los últimos años en una residencia.

"Yo soy de Zaragoza, pero llevo en Valencia mucho tiempo, mis hijos son valencianos y aquí estoy encantada, aunque la tierra tire", reconoce, para añadir que se encuentra en el centro "desde hace algo más de un año. Entré porque tengo dos soplos en el corazón. En el Clínico me querían operar, pero dije que no, que lo qué Dios me tenga elegido, bien estará. Además, sufro artrosis", de ahí que no pueda andar.

A su domicilio iba chica por el día con la que se sentía "a gusto", aunque la que llegaba de noche no la trataba tan bien. De hecho, admite que en la residencia "estoy mucho mejor que en mi casa con esas mujeres. Además, todos los días viene alguno de mis hijos a visitarme", añade. Pese a todo, "a veces me da por llorar. Mi marido falleció y soy de las que piensa que cuando muere el marido, debería morir también la mujer. Era muy buena persona", lamenta Isidra.

La acompaña su amiga María Teresa Beneyto. Es diez años más joven pero lleva más tiempo en el centro. "Antes estuve en las instancias de Día, prácticamente desde que tenía 59 años. Por eso decidí entrar aquí", aclara. En su caso, el cambio no fue tan grato como el de su compañera. "En mi casa tenía una cuidadora que ahora es mi amiga y viene los domingos a visitarme. Pero se hacía mayor y entre las dos no podíamos hacer las tareas. La verdad es que me costó bastante dejar mi casa", confiesa entre lágrimas que Isidra consigue que desaparezcan. "En realidad soy muy alegre, aquí todo el mundo se ríe conmigo, pero no siempre es fácil".