Las Provincias

El proyecto Castor se acostumbra a los tribunales

  • Existen varias sentencias contrarias al almacén de gas, mientras se espera que empiece el juicio contra miembros del Gobierno y de Escal

El almacén de gas que la empresa Escal UGS ha construido frente a las costas de Vinaròs tuvo la oposición de cientos de personas que se manifestaron contra su levantamiento incluso antes de que fuera una realidad. Sin embargo, dónde se ha encontrado con mayores contratiempos ha sido en los tribunales, a los que ha tenido que acudir en reiteradas ocasiones en los últimos años.

Una empresa agrícola situada en Vinaròs, Río Cenia SA., ha sido la que más ha luchado con un proyecto Castor que creía ilegal. Primero se querelló contra la concesión que se le otorgaron a la empresa Escal UGS -que pertenece el 66% a la constructora ACS y el resto a una sociedad canadiense- en un proceso que empezó en 2008. El recurso interpuesto indicaba que se estaban vulnerando vario artículos de la Ley de Costas y la Ley de Hidrocarburos.

Pese a todo, el Tribunal Supremo lo desestimó en 2012 y los trabajos en el almacén de gas siguieron su proceso. Distinta fortuna tuvo el proyecto en otros dos juicios iniciados por la empresa vinarocense. Por un lado, el juzgado de lo contencioso de Castellón anuló la licencia de obra otorgada por el ayuntamiento y que permitió a Escal levantar la planta terrestre. Asimismo, la Audiencia Nacional poco después, admitía que se debería haber presentado un estudio de impacto ambiental sobre el gasoducto que une la fábrica del Castor con la red gasista nacional y que ayer ratificó el Tribunal Supremo.

Mientras, se espera que empiece el juicio por prevaricación medioambiental contra Escal, miembros del Gobierno anterior de Zapatero y del Instituto Geológico y Minero (IGME) que firmaron la autorización del proyecto.