Las Provincias

Presentan una querella por presuntas irregularidades en contratos de Castor

  • Un ingeniero denuncia un «exceso de financiación» a los peritos por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Un ingeniero ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinarós una querella contra la planta de gas Castor por presuntas irregularidades en las contrataciones de los peritos por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

En el escrito de denuncia, presentado el 6 de julio, se apunta a un "exceso de financiación" de este organismo y al presunto pago de complementos de productividad "de importes no justificados" a técnicos que redactaron informes y visados relacionados con estas prospecciones de búsqueda de gas en el Mediterráneo, entre las costas de Castellón, Tarragona y Baleares.

El proyecto fue finalmente paralizado tras los 400 seísmos registrados en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y relacionados con la inyección de gas en el almacén subterráneo.

La querella ha sido presentada por el ingeniero de minas Miguel Ángel Gallardo y la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, especializada en tecnologías forenses para peritajes judiciales.

Va dirigida "contra todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones constitutivas de delitos que (...) estén relacionados con los hechos narrados por el auto de 26 de enero de 2015, por el que se inician estas actuaciones".

En dicho auto, el juez de instrucción de Vinaròs imputaba a 18 cargos y técnicos del IGME y el Ministerio de Industria y directivos de la empresa Escal UGS, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La querella cita que el informe de Fiscalización del IGME realizado por el Tribunal de Cuentas observa en sus 16 conclusiones "diversas irregularidades contables e indicios claros de presuntos delitos de empleados públicos" y "grave falta de controles contables".

"La gestión que realiza el IGME de los convenios de colaboración y de los proyectos técnicos realizados (...) no permite conocer su coste ni por tanto el valor de los productos de los respectivos trabajos, lo que podría dar lugar a que el IGME hubiese obtenido un exceso indebido de financiación y que hubiese pagado complementos de productividad por importe no justificado".

El texto de la querella indica que es "muy posible que auténticos expertos en sismología puedan hacer un análisis del proyecto, de los hechos y de los riesgos, mucho mejor y por menos dinero en Japón (país que se caracteriza, precisamente por su sismicidad), que en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde no se sabe quién está estudiando no se sabe qué".

Sobre la contratación de peritos, los querellantes piden al juzgado que investigue los casos que han sido "pagados con fondos públicos o por entidades dependientes de la Administración a entidades privadas como el MIT o como sobresueldos de funcionarios públicos, porque existen antecedentes e indicios de auténticas malversaciones en pruebas periciales absolutamente inútiles".

"No prejuzgamos, pero como querellantes aquí y ahora advertimos de posibles peritajes malversados", matizan los impulsores de la denuncia.