Educación prevé tumbar el concurso del transporte escolar

La Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà tiene previsto frenar el concurso impulsado a finales de 2014 para buscar empresas que se encarguen del transporte escolar en los colegios públicos de la provincia de Valencia de cara al nuevo curso. Según fuentes oficiales del departamento, el motivo es una cláusula inaplicable en el pliego de condiciones, por lo que se valora la opción de cancelarlo por un defecto administrativo.

El procedimiento incluye otros dos lotes, correspondientes a Alicante y Castellón, y las mismas fuentes explicaron que en ambos casos la idea es declararlos desiertos. La justificación es que las empresas beneficiarias no han presentado en plazo la documentación requerida.

El procedimiento ya contaba con una propuesta de adjudicación a las tres uniones temporales de empresas que se presentaron, una por provincia. El siguiente paso consistía en que las UTE's remitieran la documentación solicitada antes de los contratos, que durarían cuatro años. La consecuencia de la cancelación, según Educación, sería que los vigentes hasta este curso tendrían que prorrogarse para el curso siguiente. La prestación correría a cargo de las mismas empresas que se han encargado de casi 600 rutas. Se benefician unos 50.000 estudiantes, sobre todo de Primaria y ESO. Desde el departamento añadieron que la idea es sacar una nueva licitación en los próximos meses.

El concurso, el más importante de la conselleria en términos económicos (presupuestado en 200 millones y con un valor estimado de 328), ha sido polémico. A nivel interno generó dudas entre los responsables de la anterior conselleria por la conveniencia de prorrogarlo o impulsar contratos nuevos. Las incertidumbres se solventaron con un informe jurídico que abogaba por la segunda opción.

Respecto al sector, la empresa Capaz, que no optó a la licitación, ha presentado dos recursos al Tribunal Administrativo Central. Uno de ellos fue estimado en parte, lo que provocó que se anularan varias cláusulas. También ha causado polémica política. A principios de año, Mónica Oltra pidió en Les Corts que se investigara el pliego al asegurar que se había redactado para facilitar su adjudicación a una empresa próxima a María José Català (Transvía). Argumentó que se había situado la edad media de la flota en siete años para conseguir la máxima puntuación y beneficiarla. También criticó que la división en tres lotes dificultaba la concurrencia de pequeñas empresas. El diputado popular Alfredo Castelló replicó que se trataba de «insidias» que pretendían sembrar «alarmismo y desconfianza».