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Una funcionaria en un juzgado de Valencia.
Cientos de condenas serán revisadas a la baja con la reforma del Código Penal

Cientos de condenas serán revisadas a la baja con la reforma del Código Penal

La despenalización de las faltas obliga a los juzgados a revisar sentencias de asuntos como imprudencias de tráfico o disputas vecinales

Arturo Checa

Sábado, 16 de mayo 2015, 20:58

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La entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo 1 de julio traerá una nueva tarea a los ya de por si congestionados juzgados de la Comunitat. La despenalización de faltas que incluye el nuevo texto (para conductas como imprudencias leves en materia de tráfico, disputas vecinales, incumplimientos de obligaciones familiares...) obligará a los jueces a proceder a la revisión «de manera automática y de oficio» de todas las sentencias en las que haya una falta con condena.

Así lo confirmó el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, con la puntualización de que «toda reforma conlleva una revisión de los procesos». La tarea, según indicaron fuentes judiciales, supondrá volver a analizar «varios centenares de fallos» en los que se ha incluido alguna de estas faltas en los últimos años.

Principales cambios

  • Seguridad vial. Las imprudencias leves con resultado de lesiones, o incluso fallecimiento, pasan a ser considerados ilícitos civiles. Los accidentes en los que haya imprudencia «grave o menos grave» pasan de falta a delito leve.

  • Obligaciones familiares. Los cónyuges que incumplen obligaciones de convenios de separación, como visitas o pensión alimenticia, eran castigados hasta ahora con faltas. Con la reforma pasan a la vía civil, salvo que el incumplimiento sea grave, cuando se considerará un delito de desobediencia.

  • Antecedentes. En la práctica, al sustituirse castigos penales de multa por otra sanción administrativa o civil económica, el principal cambio es que no se generarán antecedentes penales.

La reforma del CódigoPenal no supone dejar sin castigo las faltas más leves, punidas hasta ahora con una multa. Estas pasan a dilucidarse ahora por la vía administrativa (lo que a la postre puede suponer incluso una sanción de cuantía económica mayor) o bien a enjuiciarse por los tribunales civiles.

Por contra, la misma reforma supone convertir en delitos leves algunas conductas hasta ahora consideradas como faltas, como por ejemplo las lesiones, amenazas, coacciones o el hurto de menos de 400 euros, hoy en día castigado con multa y que a partir del 1 de julio acarreará pena de cárcel. Sin embargo, este endurecimiento del castigo de las penas no implica una revisión de sentencias, pues la retroactividad de las reformas legales sólo se aplica a los reos cuando esta les supone un beneficio.

Fuentes de la abogacía consultadas por LASPROVINCIAS señalaron que la reforma del Código Penal puede significar además «un aluvión de petición de revisión de penas de algunos presos con condenas cortas».

«Cierta sobrecarga»

El objetivo aducido por el Gobierno en el anteproyecto de reforma del Código Penal para despenalizar algunas de las faltas o convertir otras en delitos leves es tratar de reducir el colapso de la justicia. Como se relataba en la exposición de motivos del citado texto, se busca la «racionalización del uso del servicio público de Justicia para reducir el elevado número de litigiosidad y favorecer una respuesta judicial eficaz».

El propio Pedro Viguer se mostró hace unos años partidario de despenalizar las faltas como manera de descongestionar la justicia. No obstante, el decano de los jueces valencianos reconoce ahora que la revisión de sentencias por la reforma penal y el trasvase de asuntos entre juzgados de instrucción y juzgados de lo penal puede suponer «una cierta sobrecarga», aunque limitó el peso del trabajo a «una cuestión organizativa».

Desde el Colegio de Abogados, ya en 2011 (el anterior decano, Mariano Durán) también se posicionaron a favor de despenalizar las faltas, como por ejemplo en casos de disputas vecinales uno de los supuestos finalmente incluidos en la reforma del Código Penal como manera de reducir la litigiosidad. También apostaron por impulsar la mediación en pleitos por cantidades inferiores a los 6.000 euros.

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