Las Provincias

Ninguna administración quiere investigar las causas del derrumbe de Cortes de Pallás

El derrumbamiento bloquea por completo la carretera comarcal que permite el acceso a Cortes de Pallás.
El derrumbamiento bloquea por completo la carretera comarcal que permite el acceso a Cortes de Pallás. / Jesús Signes
  • Sólo unas diligencias rutinarias de la Guardia Civil «como en cualquier accidente» pasarán a manos del juzgado

Después de que la planta Castor temblara, y con ella buena parte del litoral de Castellón durante los 400 terremotos registrados por las inyecciones de gas de la instalación marítima, el Ministerio de Industria encargó hasta dos informes a organismos nacionales (el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España) y dos estudios más a expertos de la Universidad de Stanford y del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Esa fue la vía administrativa de aclaración de las causas. La vía penal, emprendida por la Fiscalía de Castellón y un juzgado de Vinaròs, ha terminado con 18 cargos de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, y de la empresa Escal, imputados por prevaricación medioambiental.

Después de que la montaña de Cortes de Pallás temblara, y usando un símil fácil, buscar quién investiga las causas del hundimiento de 7.000 metros cúbicos de tierra sobre la carretera e instalaciones de la central es tan complejo como dar con una aguja en un pajar. El parecido con el ‘caso Castor’ se limita a la vía penal, porque, según las averiguaciones de LAS PROVINCIAS, no consta ninguna investigación de las causas iniciada por el Gobierno central o el Consell. Todas las administraciones demuestran falta de voluntad por hacerlo.

Unas diligencias rutinarias, como las que se realizan "en cualquier accidente" (señalaron desde Delegación del Gobierno), efectuadas por la Guardia Civil de Cortes constituyen la única averiguación de lo ocurrido por parte de un organismo público, en este caso parte de la vía penal y además indagaciones no efectuadas por técnicos en geología o geotecnia, como es lo habitual en deslizamientos.

Las diligencias quedarán en manos de un juzgado de Requena. Desde el Tribunal Superior no pudieron confirmar ayer en qué punto se halla el procedimiento y si está ha llegado ya a manos del juzgado. Este será el que determine "quién tiene que investigar" y si hay que practicar alguna diligencia, como explicaron desde Delegación del Gobierno.

Por el momento, el único organismo especializado que se ha pronunciado sobre las posibles causas es el Instituto Geológico y Minero. Como informó ayer en exclusiva LAS PROVINCIAS, un estudio "de oficio" del Igme, dependiente del Ministerio de Economía y con competencias en investigaciones geológicas, es el único que arroja luz. La inspección no se encargó ni desde el Gobierno ni desde el Consell, sino que responde a un proyecto del instituto para confeccionar fichas sobre deslizamientos en España.

El estudio sitúa como posibles causas desencadenantes la lluvia y la acumulación de agua; y como causas condicionantes de la inestabilidad de la ladera, sus condiciones orográficas y las vibraciones sufridas por el macizo. Bajo él se horadaron galerías para tuberías y varias cavernas para dar cabida a parte de las instalaciones de la central hidroeléctrica La Muela-Cortes.

El subsuelo de todo el país es de titularidad estatal, con lo que el Gobierno tendría en este caso las competencias para iniciar una investigación. El Ministerio de Fomento, competente y especializado en la materia a través del Instituto Geográfico Nacional (uno de los que emitió informe en el ‘caso Castor’), ha iniciado investigación alguna. "¿Pero eso es una carretera comarcal y ya está, no?", fue uno de los ‘argumentos’ de un portavoz de Fomento para negar sus competencias en la materia. "Eso pasa a menudo en muchos puntos de España". En esta ocasión, la cita es de otro portavoz, este del Ministerio de Economía y Competitividad, igualmente para argumentar que tampoco haya una investigación por parte de este ministerio.

El Igme, dependiente de Economía, sí realizó el citado estudio para su base de datos, "pero el objetivo no es proponer soluciones, ya que es sólo un inventario", explicó un portavoz del organismo. Tampoco desde el Ministerio de Industria, el que llevó el peso de la investigación con el ‘caso Castor’, consta indagaciones sobre las causas.

Tras el derrumbe, técnicos de Geotecnia de la Diputación de Valencia se trasladaron al lugar. Las primeras informaciones apuntaron a que su labor sería determinar qué había ocurrido para que la ladera se viniera abajo, al ser la institución provincial la competente en la materia por ser de su titularidad la CV-428, la comarcal bloqueada por el derrumbe. Sin embargo, fuentes del organismo rechazaron a preguntas de LAS PROVINCIAS que este sea su cometido, sino únicamente hacer un "informe preliminar" sobre el estado de la ladera para determinar "qué hacer y cómo" para devolver la normalidad a la montaña y a la carretera.

El galimatías de competencias e investigación prosigue en la Administración autonómica. Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras señalaron la posibilidad de que se hubiera encargado un informe de causas al departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politècnica. Desde Ingeniería de Caminos, de quien depende esta unidad, negaron tener cualquier conocimiento al respecto.

La ‘guinda’ llegó la pasada semana. Al término de la reunión de la comisión de seguimiento, el conseller de Gobernación, Luis Santamaría -que el miércoles comparece en la Diputación Permanente- aseguró que las causas "las está investigando el Seprona". Sin embargo, desde Delegación del Gobierno atribuyeron todo a "un lapsus" del conseller. Iberdrola, que se define como "damnificada por el desprendimiento", aseguró haber empleado alpinistas y drones para sobrevolar la ladera y realizar un levantamiento en 3D con el que ayudar a restaurar la montaña. Pero, una vez más, ni rastro de indagación sobre las causas.