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J. B. /EFE
Sábado, 18 de abril 2015, 23:35
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La Conselleria de Sanidad tendrá que volver a convocar una oposición a celador que se celebró en 2009, hace seis años, para ocupar una plaza en centros sanitarios. El motivo es un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que ha rechazado la fórmula que planteó el departamento para dar cumplimiento a una sentencia derivada del recurso presentado por un grupo de afectados.
Tal y como explicaron fuentes de Intersindical Salut, que dio a conocer ayer la decisión judicial, exactamente se ordena la repetición de la primera prueba del proceso (había una segunda), y según la organización, los beneficiados son todos aquellos que en su momento suspendieron, cerca de 9.000 personas. En su día el examen generó protestas debido a la complejidad de las preguntas y a la cantidad de cuestiones que tuvieron que ser anuladas por fallos de planteamiento.
Con este auto el TSJ desestima la propuesta de la administración, que sólo preveía una rebaremación de los recurrentes, y en caso de que con la nueva puntuación aprobaran, accederían a la plaza. Fuentes de la conselleria explicaron ayer que todavía no han recibido el pronunciamiento, aunque consideran que no hay lugar para interpretar que podrán presentarse todos los que suspendieron, sino sólo aquellos que optaron por la vía judicial, que son alrededor de una decena.
En lo que sí coincidieron las partes es que los 675 que entonces consiguieron la plaza mantendrán su situación jurídica, es decir, seguirán ocupándolas. Tal y como explicaron desde la organización, esta situación hará que la conselleria no tenga más remedio que habilitar otros 675 puestos para los miles de aspirantes convocados de nuevo, pues los que superen las dos pruebas que componen la oposición deberán tener un hueco en la función pública. Sanidad rechazó esta idea y dijo que se habilitarán las plazas necesarias para los recurrentes que aprueben todo el proceso. Es decir, una decena en el mejor de los casos.
Los hechos se remontan al año 2009, cuando se ejecutó la primera fase de la oposición, que estaba incluida en la oferta de empleo público de 2005. Según Intersindical, el examen fue «una auténtica tomadura de pelo» en relación a la elaboración de las cuestiones, lo que provocó que solo 375 aspirantes de los 9.500 presentados superaran el corte para pasar a la segunda parte. Es decir, fueron muchos menos que los puestos convocados.
Esta situación, según las mismas fuentes, obligó al tribunal a modificar la nota de aprobado y a anular algunas preguntas, y el resultado final fue que no había suficientes de reserva para sustituir las incorrectas y mantener, al mismo tiempo, el porcentaje de cuestiones correspondientes al temario general y al específico, como obligaba la convocatoria. Por esta razón, el tribunal optó por no tenerlas en consideración. A partir de este momento se inició un proceso judicial que fue favorable a los demandantes, aunque «tropezaron», según el sindicato, con la negativa de Sanidad a ejecutar la sentencia «en sus justos términos». Desde el departamento señalaron que valorarán el auto cuando les llegue para decidir si recurren.
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