Una empresa de la trama Púnica optó a dos colegios promovidos por el Consell

La empresa Alfedel, promotora de escuelas ubicada en Madrid, se presentó a los dos concursos impulsados por la Conselleria de Educación para construir los primeros colegios concertados sobre parcelas de uso público, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS). La mercantil está incluida en la investigación de la Operación Púnica impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se destapó a finales de octubre cuando varias actuaciones de la Guardia Civil permitieron detener a medio centenar de personas, entre ellas, el exconsejero de la comunidad de Madrid Francisco Granados, supuesto cabecilla de una trama de corrupción urbanística extendida sobre por varios municipios madrileños.

Los proyectos valencianos a los que optó la empresa, cuyo presidente está imputado, se sitúan en Elche y Calpe. En el primer caso se presentó junto a otras tres licitadoras, si bien no pasó de la primera fase. Según se desprende de las actas públicas que dan cuenta del avance del concurso, se le requirió que presentara documentación adicional para subsanar distintas deficiencias: se consideró que su objeto social no se correspondía con la gestión de un centro, no había rellenado un impreso tal y como recogían los pliegos y tampoco acreditó su solvencia económico-financiera.

Sin embargo, en el departamento que dirige María José Català no volvieron a tener noticias de Alfedel, por lo que fue eliminada del proceso. De hecho al final la licitación quedó desierta. Otra de las empresas interesadas cayó a la vez que la investigada por no subsanar errores, mientras que las otras dos se quedaron en la fase que consistía en analizar la solución técnica ideada para acometer las obras y el proyecto educativo. Hay que recordar que un CIS no sólo se basa en construir la escuela, sino que también se incluye su gestión durante un plazo de 75 años en régimen de concesión.

La empresa de la trama Púnica también optó al de Calpe. Este proceso se ha ralentizado después de que un colegio de Benidorm presentara un recurso administrativo contra el pliego, al considerar que el proyecto no es necesario por existir plazas escolares libres en las inmediaciones. Sin embargo, a principios de febrero se reanudó la tramitación tras ser desestimado por la conselleria, lo que ha permitido conocer las dos licitadoras interesadas. Alfedel volvió a ser excluida por los mismos motivos que en el caso de Elche y por uno más: no acreditar su capacidad técnica y profesional. En los pliegos se exigía una experiencia mínima de tres años en la gestión de un centro educativo.

De esta forma, sólo se mantiene en liza la otra empresa interesada, Colegio Iale SA, que ya es titular de una conocida escuela privada de LEliana. El siguiente paso es estudiar el plan de obras y su proyecto educativo, que deben sumar una puntuación mínima para llegar a la última parte del concurso: la oferta económica, pues Educación exige a la empresa que se quede la concesión el abono de un canon anual de al menos 8.497 euros.

Modus operandi

El diario Abc desveló el martes el modus operandi de la trama en el ámbito educativo de Madrid. Alfedel actuaba junto a los cabecillas -Granados y su socio, David Marjaliza, también en prisión-, que supuestamente usaban sus influencias para conseguir que terrenos de los ayuntamientos llegaran a manos de la mercantil. Esta, a su vez, se los cedía a cooperativas de profesores para su posterior gestión a cambio del pago de sus servicios, que incluían los trámites para obtener el concierto. En total la empresa promovió 19 centros en la comunidad.

Las cooperativas estaban al margen de las irregularidades y Alfedel se desvinculaba de los colegios tras el proceso, siempre según el diario, que añade que la entidad investigada abonaba a la trama entre 900.000 euros y 1,2 millones por las gestiones, que se enmascaraban mediante contratos falsos de consultoría.