La Abogacía del Estado quiere defender a los funcionarios imputados por Castor

Valencia. La Abogacía del Estado ha pasado varias semanas estudiando cómo se presentaba en la causa por los terremotos del proyecto Castor. Desde un primer momento, creía oportuno apoyar a los funcionarios imputados por la jueza. En estos momentos, ya les ha ofrecido su defensa durante el proceso. Es decir, que al contrario de lo que ocurre con la Fiscalía, no considera que hayan cometido los delitos contra el medio ambiente por los que tendrán que declarar.

A partir de ahora serán los denunciados quienes deberán decidir si aceptan la propuesta que les llega desde los abogados del Estado. Según ha podido saber este periódico, los cuatro miembros del Instituto Geológico y Minero (IGME), han recibido con agrado la opción que les ofrecen, por lo que todo hace indicar que, salvo sorpresa mayúscula, aceptarán.

Los expertos en la materia consultados por este periódico aseguran que todos ellos son «profesionales de gran prestigio, muy respetados y con una amplia carrera», así como que el Gobierno sólo pidió un informe con el que conocer si cabía el gas que querían inyectar en lo que fue un pozo petrolífero. Sin embargo, en ningún momento se habló de posibles seísmos.

En este sentido, estas mismas fuentes también añadieron que los cuatro altos cargos del IGME, antes de conocer la propuesta de la Abogacía, tuvieron una reunión en la que estudiaron cómo podían desarrollar su defensa, puesto que se trata de una acusación conjunta.

Además de los geólogos, se ha imputado a técnicos de Medio Ambiente y a miembros del anterior Gobierno socialistas. Todos los que, en mayor o menor medida, tuvieron relación con el real decreto que permitía a Escal UGS iniciar los trabajos. En este sentido, los dirigentes de la empresa también deberán acudir a declarar.

Todo andaba según lo previsto. Sin embargo, en septiembre de 2013 empezó a temblar la tierra en el punto en el que inyectaban gas colchón. La noche del 1 de octubre, los microseísmos se convirtieron en terremotos sentidos por la población, lo que obligó a intervenir a la Fiscalía, que envió un helicóptero de la Guardia Civil a inspeccionar la plataforma marina del proyecto Castor.

Desde entonces inició unas investigaciones que finalizaron en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs. El mismo que esta semana ha estrenado a Víctor Capilla como magistrado.

División en Escal

Mientras todo ello tenía lugar, Escal decidía abandonar el almacén de gas, recibiendo una indemnización de 1.350 millones de euros el pasado 11 de noviembre, tal y como se encontraba establecido en la normativa que concedió el proyecto. Esta compensación ha dividido a sus dos socios. Según consta en su balance de resultados, Dundee Energy, sociedad canadiense que posee el 33 por ciento de las acciones, ha decidido «emprender acciones legales» contra la constructora ACS (que cuenta con el resto de títulos) al considerar que no actuó pensando en los intereses de la empresa.

El almacén es el último de los frentes abiertos. El Gobierno tuvo que tomar una decisión tras la renuncia de Escal. Tras analizar la situación, consideró que lo mejor era que Enagás se hiciera cargo de la instalación durante un tiempo. Mientras tanto, la principal distribuidora de gas del país tenía que revisar la plataforma, desarrollar un estudio sobre su situación e iniciar su hibernación mientras toma una decisión. Según las fuentes consultadas, el proceso de 'stand by' va a iniciarse en breve después de que Enagás, con la ayuda de Ayesa -una prestigiosa empresa nacional de ingeniería-, haya desarrollado su primer informe, que ha sido enviado al Ministerio de Industria.