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Plataforma del proyecto Castor, en una imagen de archivo. :: efe
Plataforma del proyecto Castor, en una imagen de archivo. :: efe

El juez imputa por prevaricación a 18 cargos del ministerio y la empresa por el proyecto Castor

  • Un juzgado de Vinaròs inicia la investigación de un presunto delito contra el medio ambiente de los responsables que dieron el visto bueno a la planta

Un brusco temblor despertó en la madrugada del 1 de octubre de 2013 a buena parte de los vecinos de Vinaròs y sembró de incertidumbre la localidad y municipios cercanos como Benicarló o Peñíscola. Dos días más tarde, nuevos seísmos encendieron todas las alarmas, ya que el epicentro apuntaba justo a la planta de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor; infraestructura que, desde se puso en marcha unas semanas antes, había causado más de 250 pequeños movimientos sísmicos, supuestamente normales, al inyectar gas en el citado almacén.

Ahora, tras un año de protestas vecinales, manifestaciones y denuncias, ocho responsables de la compañía y diez altos cargos del Gobierno central que autorizaron su puesta en funcionamiento deberán responder ante el juez por un presunto delito de prevaricación medioambiental. Así lo daba a conocer ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, desde donde indicaron que el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs ha decidido atender la denuncia de la Fiscalía Provincial de Castellón, y ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación del permiso para su puesta en marcha.

Concretamente, y según el auto, el juez ha abierto diligencias de investigación contra responsables del Instituto Geológico Minero, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, y altos cargos de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, por intervenir todos ellos en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto. Los principales integrantes del consejo de administración de la empresa Escal UGS, encargada de la gestión de la planta, también deberán responder ante el juez.

Así, el juzgado tomará declaración como imputados al coordinador del Instituto Geológico y Minero, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos Minerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general, José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jorge Sanz. Todos ellos por respaldar a principios de 2007 un informe del citado instituto que dejaba constancia de que la estructura Castor era apta para el almacenamiento de gas.

Este estudio, por tanto, validaba el proyecto, por lo que el Consejo de Ministros, a propuesta del propio Sanz, otorgó la concesión a Escal, habilitando a la empresa para utilizar la estructura subterránea de Amposta, donde se disponía a acumular el gas.

El juez también tomará declaración como imputados al que, en ese momento, era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo. Todos ellos participaron, en mayor o menor medida, en la resolución de 2010 en la que se encargó el proyecto a Escal. Un año antes, la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló una Declaración de Impacto Ambiental también favorable al proyecto.

Caso omiso al peligro

En cuanto a Escal, el juez ha imputado a su legal representante, así como a los miembros del consejo de administración de la compañía: Recaredo Del Potro, Mohamad Jaffar, José Luis Martínez, Harold Philip, José Alfonso Nebera, Juan Cristóbal González, Ramón Jiménez y Óscar Manuel Yunta.

La mercantil no vio razones para incluir en el estudio de impacto ambiental otro informe sobre la frecuencia sísmica, aunque se le había exigido por el peligro de causar terremotos. Respondieron que ésta era una afirmación «carente de fundamento científico», según el juez, negativa que, además, fue «consentida por la Administración». «Sorprende extraordinariamente que el órgano ambiental aceptara esta observación sin instar a su cumplimiento». Además, Escal no paralizó la inyección de gas hasta concluir la última fase «haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro», añade.