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ARTURO CHECA
Viernes, 31 de octubre 2014, 00:07
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Sólo 24 horas después de que Pepita Martí se plantara, bastón en ristre, en la puerta de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles para denunciar en una rueda de prensa callejera lo que ella considera un desahucio ilegal, la Fundación Francisco Balbastre -de carácter cívico pero presidida por un párroco del municipio- ha dado marcha atrás en su decisión de desalojarla. Como ya informó ayer LAS PROVINCIAS, Josefa sostiene que la vivienda es de su propiedad -vive en ella desde 1941- y que la tiene inscrita en el Registro, idéntica afirmación a la que realiza la fundación, como sostuvo ayer el Arzobispado en un comunicado remitido a través de la agencia AVAN.
uHerencia. Francisco Balbastre donó la vivienda a su muerte; según la fundación, en beneficio de la entidad; según la familia, sólo para una causa benéfica.
uAlquiler. Josefa dice que se lo ofrecen sólo a ella y su marido, no a su hijo, nuera y nieta.
uParalizaciones. Dos procesos de desahucio previo ya se paralizaron por enfermedad del marido y para tratar de llegar a un acuerdo.
La intención ahora es muy distinta a la manifestada con el mandamiento judicial que ordenaba la puesta en marcha de la maquinaria del desahucio. «A pesar de las varias sentencias favorables, se va a pedir en las próximas horas otra vez la suspensión del desahucio con la intención de llegar a una solución amistosa», subrayaron desde el Arzobispado.
La fundación puntualiza en su comunicado que su carácter es «civil y no religioso» (en su registro consta como «benéfica», según el boletín de la provincia), una maraña de denominaciones en una entidad regida por el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y el vicario parroquial. En cualquier caso, como ya señalaron ayer tras la comparecencia de Josefa, subrayan que su intención «siempre ha sido mantenerla en la vivienda, incluso a pesar de las varias sentencias favorables a la fundación». La entidad sostiene que tras muchos intentos para que Pepita firmara un contrato de arrendamiento «por un alquiler simbólico, al no hacerlo se tuvo que proceder judicialmente».
El abogado de Josefa, Juan Luis Costa, sostiene sin embargo que ese contrato sí se firmó en 2003, pero la fundación ha incumplido su parte de rehabilitar la vivienda superior del inmueble, donde deberían vivir Pepita, su marido, Juan, (postrado por enfermedad), su hijo, su nuera y su nieta, de seis años.
La acusación de la entidad cívico-religiosa es que la anciana de 88 años «no ha cumplido su compromiso de entregar los bajos de la finca que la fundación tenía y tiene previsto ceder (el comunicado mantiene la intención) para la atención a personas necesitadas por parte de Cáritas. Por eso se tuvo que seguir el juicio para recuperar sólo los bajos».
La reclamación de Josefa y su familia es que en el contrato no están incluidos su hijo, nuera y nieta, por lo que se quedarían sin techo al pasar los bajos, el actual hogar de estos últimos, a convertirse en local benéfico. Pese al anuncio de búsqueda de una solución amistosa, la cuestión aún sigue presentando muchas aristas.
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