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Alumnos durante una clase en un colegio concertado. :: y. cardo
Alumnos durante una clase en un colegio concertado. :: y. cardo

El Consell ampliará la vigencia de los conciertos educativos hasta 2019

  • Català cambiará la regulación de los convenios que se firman con los centros, que pasarán a durar seis años en lugar de cuatro

La Conselleria de Educación está tramitando una modificación en la normativa que regula los conciertos educativos para ampliar su duración en Primaria de cuatro a seis años. Así lo apuntó ayer la responsable del departamento autonómico, María José Català, durante su intervención en el 42º Congreso Nacional de la Enseñanza Privada, organizado por la Confederación Española de Centros (Cece). De esta forma, la Comunitat se adapta a lo que estipula la Lomce, que sin embargo mantiene el periodo de vigencia actual en el resto de etapas.

Además, implica asumir una reivindicación histórica de las patronales, en el sentido de que les dota de más seguridad jurídica para sacar adelante sus proyectos educativos. Y si se hace una lectura política de la medida, sirve de blindaje ante un hipotético cambio de gobierno en las citas electorales de 2015, que podrían aupar a partidos que plantean desde revisiones del modelo hasta su progresiva desaparición.

Aunque el aumento de la duración llega en realidad por imperativo legal -la reforma educativa del PP obliga a ello-, tiene una consecuencia práctica interesante. En la Comunitat la inmensa mayoría de los conciertos, alrededor de 300, se renovaron el año pasado, por lo que su vigencia se prolongaba hasta 2017. En cambio, con la modificación anunciada podrán llegar a 2019.

Durante este periodo todos los convenios de los titulares con la administración tendrán cobertura legal, lo que dificultaría la aplicación de desarrollos normativos que caminen en la dirección contraria, al menos, hasta dentro de cinco años. Es decir, llegado el momento, el colegio siempre podría argumentar que dispone de un acuerdo vigente, por ejemplo, en sede judicial.

En su intervención, durante una mesa redonda con cargos autonómicos de otras comunidades, la consellera indicó que el objetivo de la medida es «garantizar la estabilidad en los centros». Según añadieron desde el departamento autonómico, la nueva regulación se aplicará a todos los conciertos, tanto a los actuales como a los que se firmen a partir de ahora, lo que evitará agravios comparativos entre titulares.

Todavía queda por dilucidar cómo se articulará esta actualización, si es a petición del centro, por ejemplo aprovechando la nueva convocatoria para decidir sobre revisiones o renovaciones de conciertos especiales, que llegará este mes, o si se hará de manera automática.

El anuncio fue valorado de forma positiva por José Manuel Boquet, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que se integra en la confederación nacional. A su juicio, es una medida que «dota a los colegios de mayor seguridad jurídica».

Esta misma idea aparece reflejada en las conclusiones del congreso, en las que precisamente se apuesta por ampliar la vigencia y por «actualizar los módulos económicos de los conciertos de acuerdo con el coste real del puesto escolar para no poner en riesgo la viabilidad de los centros». Hay que recordar que a través de los mismos la administración financia los costes de personal y de funcionamiento de las empresas, cooperativas e instituciones religiosas que prestan servicios educativos. Sin embargo, estas cuantías llevan años sin incrementarse a diferencia del aumento general de los precios, por no hablar de los impuestos. Cece, en el documento de conclusiones, recuerda que la inversión actual, la congelada, no llega para cubrir todos los gastos generados.

Ratios menores

En el encuentro también se presentó el informe sobre el estado del sistema educativo, en el que se alerta de que las tendencias demográficas supondrán la eliminación, en el plazo de diez años, de más de 270.000 puestos escolares en España. Por este motivo Cece pide a las administraciones educativas que consideren las ratios «conforme a la realidad demográfica del momento».

Como explicó Boquet, «si hay un descenso de la población escolarizable es razonable bajarlas para mantener unidades con menos alumnos», antes de recordar que el escenario ideal sería volver a la situación previa al decreto Wert, que supuso una ampliación del 20% en el número máximo de alumnos por aula.

El documento final también dice que «el derecho a la gratuidad de la enseñanza a través de los conciertos debe ser garantizado a todas las familias» y estar basado «en la demanda social y real» de estas y en «las necesidades de escolarización».