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Los padres arremeten contra las editoriales por denunciar la reutilización de los libros

Los padres arremeten contra las editoriales por denunciar la reutilización de los libros

Las Ampas recuerdan que hay miles de alumnos que no pueden comprar manuales y defienden las medidas de Educación impugnadas

J. BATISTA

Viernes, 17 de octubre 2014, 00:52

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El recurso contencioso administrativo presentado en el Tribunal Superior de Justicia por la patronal nacional de editoriales de libros de texto, contra varias medidas impulsadas por Educación para favorecer la reutilización y reducir el gasto de las familias, ha causado rechazo entre las principales asociaciones de padres y madres. Al fin y al cabo las Ampas han tenido un papel protagonista en los últimos años en la creación y gestión de bancos de intercambio con el mismo objetivo que el de la administración: que la cuesta de septiembre sea menos acusada en materia económica.

Como informó LAS PROVINCIAS, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha demandado a la conselleria por desarrollar iniciativas que a su juicio pueden suponer una vulneración de la libre competencia, lesionar sus intereses comerciales o atentar contra la libertad de cátedra del docente, al condicionarle en la elección de los manuales a usar.

Este es el argumento que se esgrime en relación a la elaboración por parte de la administración del manual gratuito para la asignatura de Cultura Valenciana, una de las medidas que se denuncian junto a la creación de una plataforma de intercambio de libros a través de internet (Llibrey) y a la decisión de ampliar la duración de los ejemplares de cuatro a seis años.

«Anele tiene todo el derecho de defender sus intereses, ahora bien, a nosotros cualquier medida que adopte la conselleria para la reutilización, que favorezca sobre todo a las familias con menos recursos, nos parece perfecto», explica Eva Grimaltos , presidenta de Fapa Valencia, la entidad más representativa de la provincia. «Ante todo defenderemos esta idea frente a los intereses empresariales», añadió. Esta federación realiza labores de asesoramiento sobre cómo gestionar o implantar bancos en los centros.

Una idea parecida transmite Ramón López, su homólogo en la Fapa Gabriel Miró de Alicante. «Entiendo que un sector esté preocupado por los efectos de la crisis, igual que ellos -en referencia a las editoriales- deben entender que hay cinco millones de españoles en paro y muchas familias que se ven en la situación traumática de que sus hijos acudan a clase sin libros, sin tener la posibilidad de comprarlos», explicó.

En este caso, la Fapa promueve junto a diferentes ayuntamientos una plataforma online de reciclaje similar a la creada por Educación que ha permitido varios miles de intercambios. López explicaba ayer que muchos de los beneficiarios de los libros incluidos en este sistema son alumnos con rentas bajas, de ahí su rechazo a la denuncia de la patronal. «La administración debe promover iniciativas que se aproximen al mandato constitucional de que la enseñanza sea gratuita, como son los sistemas de intercambio», sentenció. «En estos casos estaremos al lado de la conselleria», añadió.

María Dolores Tirado, la presidenta de la Fapa Penyagolosa de Castellón, también se refirió a la cuestión económica. Consideró «injusta» la postura de Anele ante «la situación actual de las familias». «¿Qué persiguen pidiendo que se limite la duración de los libros o la posibilidad de reutilizarlos? Un lote cuesta más de 200 euros, y hay muchos padres que no pueden permitirse este gasto si tenemos en cuenta las rentas que se necesitan para conseguir una beca de comedor», explicó.

Para hacerse una idea, este curso 53.680 alumnos han percibido el 100% de la ayuda para sufragar el menú escolar, y en la mayoría de los casos han tenido que acreditar una renta familiar per cápita anual inferior a 786 euros. «Estas personas no pueden comprar libros que cuestan treinta euros cada uno», razonó Tirado, que además, recordó que la conselleria podría haber avanzado más en el reciclaje de libros si hace algunos cursos hubiera aceptado la petición de esta Fapa de invertir una partida presupuestaria para dotar a los centros de un fondo de manuales a disposición de los alumnos.

Acción «simbólica»

María José Català también respondió a la denuncia de la patronal. La consellera rechazó que las medidas implementadas sean irregulares y dijo que «no tiene recorrido jurídico», sino que se ha planteado «como una forma simbólica de rechazo a las iniciativas». «Lo que no puede ser criticable de ninguna manera es que el Consell fomente el ahorro en la campaña escolar, sobre todo cuando ha habido una ley nueva con cambios curriculares. Lo que no podía ser es que las familias tuvieran que hacer esta inversión tan importante, de ahí las medidas de reutilización», concluyó.

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