La administradora de fincas imputada niega que gastara el dinero en el póker

valencia. Elena C. ejercía como administradora de fincas. Desde su despacho llegó a gestionar entre 30 y 40 comunidades de vecinos. El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia le tomó declaración recientemente en calidad de imputada por la desaparición de una importante cantidad de dinero de las cuentas de varias fincas que estaban a su cargo.

Al menos ocho comunidades de vecinos ejercen, de momento, la acusación en la causa. La profesional acumulaba más de una treintena de reclamaciones en la sede del Colegio de Administradores de Fincas, tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS.

A lo largo de su comparecencia fue preguntada en varias ocasiones acerca de su adicción al juego. Los letrados sospechan que el dinero presuntamente distraído pudo terminar en fichas de partidas de póker. La mujer admitió que juega «de vez en cuando» y que ha participado en diferentes torneos, aunque negó haber viajado a EE UU para disputar partidas. Reconoció igualmente que acude a casinos sin precisar la frecuencia.

Declaración

En cualquier caso, rechazó que esta afición esté relacionada con la desaparición de decenas de miles de euros de diferentes comunidades de vecinos de Valencia y el área metropolitana. «Yo no me he quedado absolutamente nada», insistió durante su declaración.

La administradora de fincas admitió una mala gestión a la hora de llevar las cuentas de diferentes comunidades, pero también repartió la responsabilidad entre algunas de sus compañeras de despacho. En otros casos apuntó a la morosidad de los vecinos para explicar la escasez de fondos o a un cúmulo de gastos inesperados que dejó los depósitos en números rojos.

Elena C., según relató a la juez, comenzó a tener problemas económicos hace siete años. Uno de los abogados de una comunidad de vecinos le preguntó acerca del cobro -y presunta desaparición- de 50.000 euros tras ganar un pleito. No supo dar ninguna explicación, aunque negó que hubiera alterado nada. En este punto dirigió las sospechas hacia dos trabajadoras de la administración.

La imputada reconoció una práctica cuanto menos extraña. Extraer dinero de las cuentas de una comunidad para sufragar gastos en otras fincas. O incluso que empleadas de su despacho -en ocasiones incluso sin la autorización de ella- sacaran dinero de las comunidades de vecinos para ingresarse sus propias nóminas. Dice que no presentó denuncia contra ninguna de ellas porque, en realidad, no puede demostrar que cogieran el dinero.

Elena C. Llegó a admitir incluso que había cargado el pago de gastos propios de su empresa, como pudiera ser el suministro de la luz, a las cuentas de diferentes fincas que gestionaba. Las cantidades supuestamente apropiadas difieren de una comunidad a otras. Por ejemplo, un grupo de vecinos reclama más de 12.000 euros mientras en otros casos se habla de 60.000 euros e incluso 80.000. La imputada era plenamente consciente de que ese dinero no era suyo. Tenía pensado devolverlo. Pero sus compañeras de trabajo se marcharon y tuvo que cerrar el despacho.