El Consell asumirá deudas y créditos de las universidades por valor de 200 millones

Los rectores de las cinco universidades públicas y el Consell han llegado a un acuerdo para afrontar el abono de la deuda antigua, que asciende en la actualidad a 768 millones de euros y que se generó entre 2004 y 2008 al acumularse impagos de la subvención ordinaria y de cuantías contempladas en un plan de infraestructuras que nunca llegaron a ingresarse en las cuentas de las instituciones.

El anuncio se dio a conocer ayer tras un almuerzo de trabajo que presidió Alberto Fabra y que contó con la presencia de los cinco representantes de las universidades públicas y de los consellers de Hacienda y Educación. El acuerdo es importante porque recoge la principal reivindicación en materia de financiación de los rectorados, al corregir un déficit económico que casi equivale a todo el dinero que reciben las instituciones a lo largo de un año.

Tal y como explicó la consellera María José Català durante su comparecencia, la propuesta contempla el abono a corto plazo del 49% de la deuda, mientras que el montante restante se irá resolviendo entre 2015 y 2022 mediante anualidades.

En cuanto a la parte más inmediata, se prevén tres medidas distintas, como si se tratara de pagos en especie que servirán para ir descontando de la cuantía total. Por un lado la Generalitat asumirá deudas contraídas por las universidades por valor de 217 millones de euros. Se trata fundamentalmente de préstamos y pólizas de créditos que se han suscrito en los últimos años para cubrir el agujero de tesorería causado por la deuda antigua, así como sus correspondientes intereses, aunque también pueden incluirse otras situaciones, como por ejemplo, abonos pendientes a proveedores. Hay que recordar que en el caso de la Universitat se ha llegado a presentar un recurso en los tribunales reclamando a la Generalitat los gastos financieros generados por la firma de estos créditos bancarios.

Català explicó que se trata de un cambio de titularidad de la deuda y que no computará a efectos de déficit de la Generalitat, pues al fin y al cabo ya estaba contabilizada al ser las universidades parte de la administración pública. En otras palabras, de un plumazo las instituciones se quitarán una parte importante de los gastos al no tener que afrontar los préstamos suscritos.

La segunda iniciativa consistirá en la ejecución de nuevas infraestructuras que se consideran prioritarias, un paquete de obras por valor de 49 millones de euros. Por ejemplo, se incluyen las inversiones para poner en marcha la Facultad de Ciencias de la Salud de la Jaume I de Castellón para dar cabida a los estudios de Medicina, las actuaciones a las que la Universitat renunció para activar el grado de Veterinaria, aularios para la Miguel Hernández de Elche o actuaciones de urbanización pendientes en la Universidad de Alicante. En el caso de la UPV no se prevén nuevas obras, pero sí una reducción importante de la deuda financiera.

La tercera medida se refiere al pago de intereses que la Generalitat debía afrontar por el abono aplazado de la deuda histórica. Hay que recordar que en 2008 ya se acordó que la cuantía total se dividiría en anualidades que el Consell debía pagar hasta 2022, aunque a partir de 2011 no se afrontaron. En estas cantidades se incluía una parte en concepto de intereses de demora a favor de las universidades por tener que cobrar tarde y de forma aplazada. Por este motivo se articulará una compensación por valor de 111 millones.

En resumen, el acuerdo alcanzado ayer supone afrontar casi la mitad de la deuda histórica, que quedará reducida a 391 millones (los que se prorratearán entre 2015 y 2022).

Junto a Català también intervino Vicent Climent, portavoz de los rectores, quien dijo que la idea es que la compensación y la inversión en infraestructuras se reflejen ya en los presupuestos de la Generalitat para 2015. La consellera, por su parte, señaló que el cambio de titularidad de la deuda será inmediato una vez el acuerdo sea refrendado por los consejos de Gobierno de las universidades, una aprobación que podría llegar el próximo mes.

En el almuerzo también se trató la futura ley de financiación de las universidades públicas. Su redacción se basará en el plan plurianual firmado en 2010, que nunca se ha puesto en marcha y que prevé un reparto del presupuesto en función de objetivos alcanzados.