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Joaquín Batista
Domingo, 25 de mayo 2014, 21:31
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Los problemas de liquidez de las universidades valencianas no tienen visos de suavizarse debido a la deuda que mantiene la Generalitat con las instituciones. Así quedó patente en el claustro de la Universitat de València celebrado la pasada semana, donde se informó de las previsiones económicas de cara al próximo ejercicio.
Las perspectivas no son halagüeñas. Se esperan unas cuentas restrictivas por enésima vez. La situación sólo cambiaría si el Ejecutivo autonómico afronta pagos extraordinarios o aumenta la subvención, si parte de la deuda se cubre con aportaciones del Gobierno mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o si el Consell decide aplicar el plan de financiación aprobado en 2010, un acuerdo que situaba las aportaciones ordinarias muy por encima de lo que actualmente reciben las instituciones públicas valencianas (665 millones de euros en 2014). Salvo la segunda opción, las dos restantes pueden calificarse de utópicas, al menos a corto plazo.
El vicerrector de Economía e Infraestructuras, Juan Luis Gandía, destacó durante su intervención que a día de hoy se adeudan 64,7 millones de euros correspondientes a la subvención nominativa, las transferencias ordinarias que reciben las universidades mes a mes para cubrir sus gastos corrientes, desde las nóminas del personal hasta los derivados de abrir cada día los centros. Tal y como explicó, equivalen al importe de tres mensualidades y media, lo que obliga a recurrir a créditos y a herramientas financieras de pago como el confirming para cubrir sus necesidades. Otras medidas de austeridad como el plan de eficiencia energética ya han sido amortizadas, en el sentido de que ya no pueden generar nuevos ahorros a menos que se clausuren instalaciones.
A esta cuantía hay que añadir 17,8 millones de otros conceptos, como ayudas Erasmus o derivadas de convenios suscritos con la administración que no se han afrontado. Esta cantidad, unida a la anterior, arroja un total de 82,5 millones. Es lo que se considera la deuda reciente, contraída desde 2010 hasta hoy.
Si en el cálculo se contabiliza también la antigua (178 millones) los datos globales se multiplican por tres al llegar a 260,5. En este último caso se incluyen los atrasos que se acumularon entre los años 2004 y 2008, que superaban los 900 millones para todo el sistema público valenciano. En 2008 se firmó un convenio que establecía el pago aplazado de esta deuda en anualidades que se extenderían hasta 2022, aunque sólo se cumplió en 2009 y 2010. En los siguientes ejercicios las tensiones de tesorería de la Generalitat obligaron a aplazar, con el visto bueno de los rectores, los abonos comprometidos para 2011 y 2012. La idea era reanudarlos en 2013, aunque no ha sido así, lo que ha llevado a las universidades a anunciar medidas judiciales para reclamar la cuantía correspondiente a este último ejercicio. En principio, la decisión se pospone hasta saber si antes de verano se les rebaja la deuda a través del FLA.
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