Las Provincias

El Gobierno supedita ahora el cierre de la planta de gas a informes internacionales

José Manuel Soria durante el encuentro que tuvo lugar ayer en la redacción central de la Agencia EFE. / EFE/J. J. GUILLÉN
  • Desmantelar toda la plataforma del proyecto Castor costaría al Estado 143 millones de euros, además de la indemnización de 1.700

José Manuel Soria anunció ayer que ahora supeditará el cierre de la plataforma del proyecto Castor de Vinaròs a que los informes internacionales ratifiquen lo indicado por el Instituto Geográfico Nacional. En principio indicó que el proceso sería rápido y aseguró a los alcaldes de la zona que desmantelaría la planta si había causado los microseísmos. También les dijo que les mantendría al corriente. Sin embargo, no ha sido así.

En su visita a la Comunitat en octubre, el ministro de Industria afirmó que sólo se iba «a guiar por los informes del Instituto Geológico y Minero Español». Según ha podido saber este periódico, el estudio del IGME también está en poder Ejecutivo y sigue la línea del que ha salido a la luz, que apunta hacia una «relación directa» entre la inyección de gas y los microseísmos.

Pese a ello, ayer Soria explicó que todavía no han tomado una decisión, puesto que siguen pendientes de recibir un estudio que llevan a cabo expertos de la Universidad de Stanford y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos de los centros más prestigiosos del mundo en la materia. Si estas nuevas pesquisas «confirman» que la relación entre los trabajos y los movimientos de tierra, «desde luego que no» se volverá a abrir la planta de gas.

El informe que se conoce está en manos del Ejecutivo desde diciembre, aunque se ha ampliado y mejorado hasta en dos ocasiones por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según añadió ayer el ministro, en este documento «había una remisión a la necesidad de contar con algunos expertos internacionales para poder completar la visión del propio instituto».

Ese es el motivo por el que en enero se pusieron en contacto con la Universidad de Stanford y del MIT. «Todavía no hemos tenido una respuesta, razón por la cual hemos solicitado al propio instituto que sea el órgano que monitorice también a nivel internacional el recabar este tipo de información». En cuanto a si el Estado debería indemnizar a la empresa si se cerrase la planta, Soria descartó entrar en detalles ya que «no estamos en esa situación».

Varios expertos consultados por LAS PROVINCIAS aseguraron que no es legal que la plataforma siga levantada en mitad del mar y que, por tanto, habría que desmantelarla por completo, «tal y como ya se hizo en su día con la utilizada en ese mismo lugar para la extracción de petróleo». Los especialistas apuntaron que su precio superaría el millón de euros, mientras que el Boletín Oficial del Estado -en el que se recoge la concesión del proyecto a Escal UGS-, fechado en junio de 2008, recoge la cifra exacta en su apartado 7, titulado 'Desmantelamiento': «A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la provisión económica de desmantelamiento se fija en 143,1 millones de euros», indica el primer párrafo.

Las labores para desarmar una plataforma de ese tipo, supondrían «al menos un año y medio de trabajo», explicó el ingeniero de yacimientos Isaac Álvarez, que estuvo trabajando en la extracción de crudo en Amposta. «Lo más problemático sería organizarlo todo, porque habría que contratar grúas y personal, tener un astillero en el que ir depositando el material y también sería importante tener vendido aquello que se pudiera reutilizar», apuntó.

«En cuanto al desmantelamiento en sí, podría durar un par de meses y se suelen utilizar los denominados equipos termita. Soldadores que van cortando desde el propio suelo marino los tubos en trozos pequeños que cuando llegan al puerto no superan el metro y medio». Antes de este trabajo, es necesario tapar los agujeros que se han utilizado para depositar el gas. «En el techo del almacén se ponen varios tapones mecánicos» con el objetivo de evitar fugas o que entre agua del mar que perjudique los trabajos.

Hasta que se detuvo la planta, se habían inyectado 105 metros cúbicos en tres fases: 12 en junio, 14 en agosto y 79 entre el 2 y el 16 de septiembre sin superar los 8 bares de presión, según ha indicado en varias ocasiones la empresa.

Los 143 millones por el desmantelamiento no serán los únicos que deberá abonar el Gobierno si los estudios internacionales ratifican la relación entre los seísmos y las inyecciones. El Tribunal Supremo desestimó un recurso el pasado mes de octubre con el que Industria pretendía suprimir una cláusula que consideraba «lesiva para el interés público». Según ese requisito, la empresa será indemnizada con 1.700 millones si se cierra la plataforma, siempre y cuando no se haya producido dolo o negligencia.

Desde el Consell, Máximo Buch destacó que lo más importante es «la seguridad de los ciudadanos, del entorno y del medio ambiente» que debe «primar sobre cualquier otra consideración». Ayer, EU presentó el informe del IGN en la Fiscalía.